Hace algunas semanas, el presidente Calderón presentó como pruebas de la presencia de la delincuencia organizada en el proceso electoral de Michoacán un desplegado publicado en el diario de La Piedad de Michoacán y una grabación en la que un supuesto narcotraficante amenaza con represalias de muerte a quienes votaran por el PRD en la población de Tuzantla.
El tema llegó hasta las oficinas del entonces titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), José Luis Vargas. Desde Los Pinos se le pidió al ex fiscal que firmara documentos que había sobre la presunta intromisión del narco en la elección; sin embargo, él los consideró sin sustento y ante su negativa de firmar, fue despedido -a tan sólo cuatro meses antes de las elecciones federales-despido que se dio sin mediar explicación alguna.
Hace unos días, Enrique San Román de la Torre, subdirector de Participación Ciudadana de la fiscalía, señaló que en 2011 –precisamente cuando José Luis Vargas era el titular de la dependencia consignó mil 643 asuntos ante tribunales, lo que representó 36% de todo lo consignado en la historia de esa área de la PGR y como resultado, el 92% de las sentencias fueron condenatorias. Bajo estos datos es entonces que me pregunto, ¿cuál es el criterio para despedir sin más ni más a una persona que ha dado buenos resultados y ha colaborado para lograr salvaguardar el buen nombre de la FEPADE? Sin duda se aplicó un criterio político, porque el ejecutivo federal a través de la PGR contrata el trabajo de la fiscalía.
Otra razón que pone en entredicho la eficacia de la FEPADE, es que no transparenta su actuación, pues cualquier persona que quiera verificar en su portal http://www.pgr.gob.mx/fepade/# cuestiones tan básicas como: ¿cuáles han sido los casos más destacados en los procesos electorales en los que ha participado?, ¿cuáles dependencias son las más señaladas en cuanto a la comisión de delitos?, ¿cuáles delitos resultaron en sentencias condenatorias y en qué estados? o ¿en qué dependencias se hace uso de los recursos públicos y de programas sociales para fines electorales?; esto no es posible hacerlo, pues esta página electrónica sólo proporciona información en cifras sin contextualizar los datos, lo que impide efectuar una investigación a profundidad sobre la comisión de delitos electorales en el país.
Aunado a ello, a esta Fiscalía le hace falta dotarla de presupuesto y personalidad jurídica propia, pues parecería natural que la fiscalía facultada para determinar si se cometió o no delito electoral fuera totalmente ajena a las decisiones de la Presidencia de la República. Suena hasta ilógico que la procuración de justicia en el tema electoral dependa del poder Ejecutivo, en un sistema “democrático” que el poder del Presidente en turno le permite utilizarlo para beneficio a su partido.
Aun así, todavía hay tiempo para reformarla y evitar que la institución se convierta en un títere persecutorio de los contrincantes políticos del grupo en el poder; y en su lugar continuar con los procesos de investigación y así sentar un referente oportuno de que no habrá impunidad ante los delitos electorales, lo que abonaría a lograr la credibilidad de lo que hoy carece la FEPADE.
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