IMPUNIDAD EN LA RESOLUCION DE LA CORTE SOBRE EL CASO
DE LA GUARDERIA ABC DE SONORA, HERMOSILLO.
DR. JULIÁN GERMÁN MOLINA CARRILLO*
La tragedia en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, reveló la peor de las pesadillas políticas del país, La Impunidad.
En un país, donde la población entera ha dejado de creer en la justicia y que ya no confían en ninguna autoridad, la decisión que tomara la Corte sobre el caso de la Guardería ABC de Sonora Hermosillo, que ha despertado tanto la sensibilidad social, podría haber sido un mensaje de esperanza, un recordatorio de que todavía tenemos Estado y que por encima de intereses políticos, el ciudadano va a ser respetado y sus derechos protegidos.
Sin embargo cuando hace apenas un par de semanas parecía que la justicia llegaría por fin, toda vez que en un anteproyecto de sentencia de la Corte se hablaba de fincar responsabilidades de este hecho, a Juan Molinar Horcasitas, antiguo encargado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Eduardo Bours, exgobernador de Sonora y a Daniel Karam actual director del IMSS, y con ello como acertadamente lo menciona el abogado Constitucionalista Miguel Carbonell, “ La Corte podría haberse constituido en este momento tan complicado que esta viviendo México en el único asidero de credibilidad y de lucha contra la impunidad”, nuevamente el elemento impunidad apareció y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron, luego de un profundo debate, que no compartían el proyecto del Ministro Arturo Zaldívar y de manera decepcionante emitieron su dictamen.
En efecto, con una votación de ocho a tres, el pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se negó a establecer responsabilidades de los funcionarios implicados en la tragedia del caso ABC, y tomando como precedente el caso Oaxaca, en el que también hubo graves violaciones a las garantías fundamentales, pero sin que se establecieran responsabilidades constitucionales, se decidió ubicar a funcionarios menores de los tres niveles, como las únicas autoridades involucradas en las violaciones registradas en la tragedia que costo la vida a 49 niños y dejo lesionados a 104 mas.
Bajo ese contexto, es evidente que las razones políticas, de amistad, o de cualquier otro interés, se impusieron a las jurídicas en la resolución que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la impunidad se sigue consolidando como una parte fundamental del sistema político mexicano por la vía de los hechos y parece que, más que ser un problema de este sistema, es uno de sus componentes básicos, por lo menos en la actuación de toda la clase política, salvo las honrosas excepciones, quienes nos lo demuestran día a día, y la manera de proceder de los que se suponen son los responsables de impartir la justicia, es francamente indefendible.
Se afirma lo anterior, toda vez que si bien es cierto el dictamen que se emitió no sea vinculante, eso no significa que no tuviera consecuencias, pues estas, de haber sido justo el dictamen, devolverían la credibilidad a un Estado que por sus fallidos gobernantes ha sido debilitado y con ello la seguridad a sus ciudadanos desprotegidos de sus Derechos mas fundamentales, en virtud de que sus consecuencias hubieran sido en el ámbito de la ética y de la legitimidad democrática, un dictamen el cual se fincara responsabilidad a los funcionarios que realmente la tienen, tendría un trascendental efecto de censura sobre la gravedad de las violaciones a los Derechos Fundamentales constatadas y lo mas importante hubiera sido un mensaje a todas las autoridades del país, para que sucesos de esta índole no volvieran a acontecer y La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reafirmaría su papel como el Tribunal con el que los millones de mexicanos desprotegidos contamos como contrapeso y barrera frente a los abusos del poder.
Sin embargo con el absurdo dictamen emitido por la Corte, nuevamente la sombra de la impunidad cubre el país y la demanda de justicia será saldada con chivos expiatorios.
Con base en lo anterior, lo más probable es que el caso de la Guardería ABC pase a engrosar la lista de la impunidad en México, como la masacre de Acteal en Chiapas, las explosiones en el sector Reforma el 22 de abril en Guadalajara, la represión del 28 de mayo también en la capital de Jalisco, la masacre del dos de octubre de 1968 en la ciudad de México, entre otros, y las violaciones a los Derechos humanos de los mexicanos continuara siendo la base de acción de nuestros gobernantes.
*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
* Profesor-Investigador del Doctorado en Derecho del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla.
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