jueves, 21 de junio de 2012
Panorama de las elecciones presidenciales
martes, 29 de mayo de 2012
La publicidad engañosa de los productos milagro
lunes, 30 de abril de 2012
Redes sociales y elecciones
lunes, 26 de marzo de 2012
México, país de pobres
Los datos definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010 arrojaron un total de 112 millones 336 mil 538 mexicanos. Con este resultado, México se coloca en el onceavo lugar a nivel mundial por el número de habitantes, de los cuales 51.2 por ciento son mujeres y 48.8 por ciento hombres.
Según estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con base en el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, en nuestro país existen 52 millones de pobres, lo que equivale al 46.3% de la población.
Bajo esta premisa, resultaría muy obvio que las políticas públicas tanto del Gobierno federal como de las administraciones estatales y municipales se avocaran a erradicar este “fenómeno” de manera integral y permanente, pero eso estimado lector, son puros sueños guajiros.
En efecto, México es rico en pobreza, pues gran parte de la población vive en esta situación, en contraste, la lista de mexicanos en Forbes sigue creciendo, así como de sus millones, pues esa ofensiva riqueza de unos pocos aumentó brutalmente en los últimos años y ello, es el reflejo de la enorme desigualdad o segregación social brutal que hay en el país. Con esos niveles de desigualdad no podemos esperar otra cosa más que lo que estamos viviendo, una escalada de inseguridad y violencia que crece día a día, sin que ninguno de los partidos políticos o candidatos encuentren la fòrmula para acabar con estos flagelos sociales.
¿Dos terceras partes de la población está en pobreza, 12 multimillonarios en la lista de Forbes? Los contrastes obligan a pensar en la posibilidad de un estallido social. Este cuestionamiento siempre ha rondado en mi cabeza y quisiera realmente que en lugar de una revuelta, se efectuaran los cambios y las reformas legislativas que se requieren.
Además que nuestros representantes populares tuvieran la decencia de ponerse a trabajar, pero sobre todo que se apliquen penas más severas a quienes han ocupado cargos públicos para enriquecerse a costa del erario y de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos.
Las lecturas actualmente son en el sentido de que los cargos solo sirven para aprovecharse del presupuesto y no para ayudar al país a salir de sus grandes problemas y desigualdades. El día que en México se encarcele a los corruptos, se iniciará la construcción de un nuevo modelo de gobierno donde los funcionarios se pongan en los zapatos de los más pobres y marginados al tomar decisiones, un buen ejemplo lo pusieron los nueve consejeros electorales del IFE que no recibirán un bono equivalente a dos meses de salario bruto por la carga laboral que enfrentarán con motivo del proceso electoral.
Lo mejor de todo es que los encargados de la organización de las elecciones entraron en cordura y no recibirán dinero extra por un trabajo que de por sí deben realizar.
lunes, 5 de marzo de 2012
La Fepade y su falta de credibilidad
Hace algunas semanas, el presidente Calderón presentó como pruebas de la presencia de la delincuencia organizada en el proceso electoral de Michoacán un desplegado publicado en el diario de La Piedad de Michoacán y una grabación en la que un supuesto narcotraficante amenaza con represalias de muerte a quienes votaran por el PRD en la población de Tuzantla.
El tema llegó hasta las oficinas del entonces titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), José Luis Vargas. Desde Los Pinos se le pidió al ex fiscal que firmara documentos que había sobre la presunta intromisión del narco en la elección; sin embargo, él los consideró sin sustento y ante su negativa de firmar, fue despedido -a tan sólo cuatro meses antes de las elecciones federales-despido que se dio sin mediar explicación alguna.
Hace unos días, Enrique San Román de la Torre, subdirector de Participación Ciudadana de la fiscalía, señaló que en 2011 –precisamente cuando José Luis Vargas era el titular de la dependencia consignó mil 643 asuntos ante tribunales, lo que representó 36% de todo lo consignado en la historia de esa área de la PGR y como resultado, el 92% de las sentencias fueron condenatorias. Bajo estos datos es entonces que me pregunto, ¿cuál es el criterio para despedir sin más ni más a una persona que ha dado buenos resultados y ha colaborado para lograr salvaguardar el buen nombre de la FEPADE? Sin duda se aplicó un criterio político, porque el ejecutivo federal a través de la PGR contrata el trabajo de la fiscalía.
Otra razón que pone en entredicho la eficacia de la FEPADE, es que no transparenta su actuación, pues cualquier persona que quiera verificar en su portal http://www.pgr.gob.mx/fepade/# cuestiones tan básicas como: ¿cuáles han sido los casos más destacados en los procesos electorales en los que ha participado?, ¿cuáles dependencias son las más señaladas en cuanto a la comisión de delitos?, ¿cuáles delitos resultaron en sentencias condenatorias y en qué estados? o ¿en qué dependencias se hace uso de los recursos públicos y de programas sociales para fines electorales?; esto no es posible hacerlo, pues esta página electrónica sólo proporciona información en cifras sin contextualizar los datos, lo que impide efectuar una investigación a profundidad sobre la comisión de delitos electorales en el país.
Aunado a ello, a esta Fiscalía le hace falta dotarla de presupuesto y personalidad jurídica propia, pues parecería natural que la fiscalía facultada para determinar si se cometió o no delito electoral fuera totalmente ajena a las decisiones de la Presidencia de la República. Suena hasta ilógico que la procuración de justicia en el tema electoral dependa del poder Ejecutivo, en un sistema “democrático” que el poder del Presidente en turno le permite utilizarlo para beneficio a su partido.
Aun así, todavía hay tiempo para reformarla y evitar que la institución se convierta en un títere persecutorio de los contrincantes políticos del grupo en el poder; y en su lugar continuar con los procesos de investigación y así sentar un referente oportuno de que no habrá impunidad ante los delitos electorales, lo que abonaría a lograr la credibilidad de lo que hoy carece la FEPADE.
jueves, 16 de febrero de 2012
Temporada de chapulines electorales
El chapulinismo o chapulinazo, como quiera que pudiera llamarse a este fenómeno, sucede cada cierto tiempo y lamentablemente, los ciudadanos ya nos hemos acostumbrado a observar -y sin reclamar- cómo un diputado local, sin aún concluir con el periodo para el que fue elegido, deja todo para ser diputado federal.
Tenemos los casos emblemáticos de dos diputadas con licencia: el de la priísta Beatriz Paredes Rangel, quien competirá por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y el de Josefina Vázquez Mota, quien se separó de sus actividades legislativas para lograr la candidatura del PAN a la Presidencia de la República en las elecciones que están en puerta.
La leyenda que se plasma al final de cada escrito emitido por cualquier institución del Estado: Sufragio efectivo, no reelección, realmente nos lleva a pensar que carece de importancia, pues aunque un representante haya sido votado para desempeñar su encargo durante determinado tiempo (y aunque no pueda ser elegido para el mismo “puesto” para el periodo inmediato) es bien sabido que fácilmente un político de carrera puede emplearse en otro cargo popular, por ejemplo, convertirse en senador, aunque en el proceso anterior haya sido favorecido por el electorado para ser diputado.
En la recta final de la presente Legislatura, tenemos que 126 diputados ya solicitaron o están por pedir licencia para postularse a otro cargo de elección popular y 36 senadores andan por las mismas. Así pues, es palpable que el amplio éxito del chapulín electoral resulta de su gran adaptabilidad y versatilidad; sin embargo, más allá de estas reflexiones, esta especie -que no está en peligro de extinción- está poniendo a prueba nuestras convicciones como ciudadanos y sobretodo como votantes, pues tenemos presente que el trabajo legislativo –como siempre- ha sido dejado de lado, léase las necesarísimas reformas a la Ley de Amparo o el impulso a la Ley de Seguridad Nacional, ¿y todo para qué?, para correr detrás del hueso o del fuero (aunque esto último merece discusión aparte).
Por tanto, es necesaria una reforma electoral que prohíba esta práctica de “brincar” de un cargo al otro, pues el beneficiado deja tirado el cargo para el que fue elegido y se postula a otro, sin haber demostrado su compromiso con los votantes.
Esto es meramente un fraude al cuerpo electoral y una burla a su voto.
sábado, 11 de febrero de 2012
La pobreza durante los procesos electorales
Año tras año se comenta acerca el índice de indigencia en nuestro país o de lo abandonados que se encuentran los pueblos indígenas, de sus múltiples necesidades y carencias; sin embargo, hasta la fecha ningún gobierno, llámese de izquierda o de derecha, ha implementado una solución integral al problema de la pobreza. Si en algo es rico México todavía es en millones de pobres.
La pobreza de los mexicanos ha sido históricamente canjeable por votos, pues los partidos políticos aprovechan la ignorancia que, en materia política, tiene la clase desprotegida.
Siendo 2012 un año eminentemente electoral, los partidos políticos no intentarán otra cosa que tratar de que los recursos públicos salgan para ser ejercidos del mejor modo posible para beneficiar a sus candidatos. El presente proceso electoral será muy caro. En efecto, las elecciones costarán 180 millones de pesos, unos 15 millones de dólares. Aunque, ese costo solamente incluye todos los insumos necesarios para llevar a cabo la jornada electoral (boletas electorales, tinta indeleble, urnas, etcétera) pero no se contempla el costo por las campañas electorales de los candidatos.
El financiamiento que en 2012 reciben los partidos asciende a 3 mil 300 millones de pesos aproximadamente, unos 254 millones de dólares, que sumados a los costos de la jornada electoral elevarían el costo hasta prácticamente los 270 millones de dólares.
Aun así, la posibilidad de que algunos de los candidatos rebasen los topes de gasto podría poner en duda la legitimidad del proceso mismo y tal como lo afirma Daniel Zovatto: "El financiamiento de los partidos y de las campañas electorales es una de las principales causas de la corrupción política".
Bajo estos números, sólo podemos decir que es vergonzoso el costo de elegir a nuestros representantes, pero lo es más, que no exijamos como mandantes a nuestros mandatarios que cumplan con su trabajo, pues a final de cuentas, para eso fueron elegidos, no para convertirse en nuevos ricos.