SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS

LOS JOVENES SON EL GRUPO DE LA SOCIEDAD CIVIL MÁS VULNERABLE EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

DR. JULIÁN GERMÁN MOLINA CARRILLO *

Es indudable que la estrategia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado del Presidente de la República, Felipe Calderón, tiene muchas deficiencias, toda vez que si bien es cierto esta basada en la ideología de terminar con el crimen organizado, también lo es que desafortunadamente establece una ola de inseguridad para los ciudadanos donde uno de los grupos mas vulnerables es la juventud.

En efecto, como bien se sabe en dos hechos ocurridos uno en Ciudad Juárez y otro en Tijuana, los jóvenes se convirtieron en el blanco de la violencia que se vive el norte del país, el pasado 22 de octubre, la violencia desatada por la guerra contra el narcotráfico se volvió a sentir en Ciudad Juárez, Chihuahua, esta vez, se trató de un ataque realizado por un grupo armado en el que 14 jóvenes perdieron la vida y otros 13 resultaron heridos, el segundo hecho de violencia se presentó en Tijuana, a menos de 36 horas de la masacre de Ciudad Juárez, esta vez un grupo armado asesinó a 13 personas del Centro de Rehabilitación El Camino, AC., ubicado en la colonia Buenos Aires Sur de Tijuana, hecho del cual el titular de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, Rommel Moreno Manjarrez, señaló que una de las primeras hipótesis del móvil del ataque al centro de rehabilitación, es el exterminio entre bandas criminales dedicadas a la compra y venta de drogas al menudeo.

En los hechos ocurridos en Ciudad Juárez y Tijuana, el grupo de población más afectado directamente fueron los jóvenes que, a pesar de ser el sector más grande del total de la población, no solo carece de oportunidades que garanticen su presente y su futuro, porque el gobierno mexicano no invierte en su población, no invierte en su salud, en su educación, en su cultura, en su esparcimiento, en su bienestar, hecho que se ve reflejado en el presupuesto donde los rubros sociales son los más castigados del presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión, sino que, no existe una visión integral en la elaboración de una estrategia a seguir frente al problema del narcotráfico, lo cual lleva a desconocer e ignorar la desigualdad, la injusticia social y aún mas grave a poner en peligro constante a su población en esta lucha, que sin orden no tiene fin.

Ante esta situación, la posición de la sociedad civil fijo su postura , la cual quedó expuesta en una conferencia de prensa realizada el lunes 25 de octubre, en la que diversas ONG, defensoras de Derechos Humanos del país y de Ciudad Juárez , tales como: Cauce Ciudadano, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Organización Popular Independiente Ciudad Juárez, Red por la Infancia de Juárez, Ririki Intervención Social, Frente Cívico Plural, Incide Social, entre otros, solicitaron la intervención de diversos organismos intergubernamentales, tales como la Organización de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, para detener el genocidio contra los jóvenes y niños en Ciudad Juárez, a la vez que responsabilizaron al Estado de la política de muerte que prevalece en las ciudades de la frontera norte del país.

Bajo este contexto, es indudable que la política adelantada por el gobierno federal, encabezada por Felipe Calderón, ha creado un contexto de violencia en el que la población civil, sin ser parte del conflicto, es la más directamente afectada, es la que por las consecuencias y los efectos directos e indirectos del enfrentamiento entre la fuerza pública y grupos al margen de la ley, ven violentados sus derechos y su vida., en virtud de que una política como la que adelanta el gobierno federal en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado no puede ejecutarse sin antes garantizar un mínimo de condiciones que garanticen la vida de aquellos que por la naturaleza del conflicto no forman parte de éste y, lamentablemente, en México éste mínimo de condiciones no existe y el derecho a la vida, a la libertad de movimiento, el derecho a buscar un lugar seguro para vivir, el derecho a la protección de todo tipo de abuso físico y mental, son sólo algunos de los derechos que la guerra contra el narcotráfico ha vulnerado.

*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
* Profesor-Investigador del Doctorado en Derecho del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla.

SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS

LA UNESCO Y SU FUNCIÓN EN LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

DR. JULIÁN GERMÁN MOLINA CARRILLO

El 4 de noviembre se celebró el día internacional de la UNESCO, y es importante resaltar su celebración y hablar de ella en esta colaboración, toda vez que su función es de importancia y trascendencia en la educación, cultura y promoción de los Derechos Humanos en todo el mundo.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO), fue establecida por las Naciones Unidas en 1946 para promover la colaboración internacional en educación, ciencia, cultura y comunicación.

Hoy en día 193 estados pertenecen a la UNESCO, y siete más son miembros asociados, tiene su sede en París (Francia), y su red comprende más de 60 oficinas en todo el mundo, su función aunque no es muy conocida por la población, los gobiernos no solo de los países miembros sino de todo el mundo se ven en algún momento beneficiados por ellas, toda vez que los proyectos patrocinados por la UNESCO incluyen proyectos científicos internacionales, programas de alfabetización, de enseñanza técnica o de formación de maestras, proyectos históricos y culturales regionales, fomento de la cooperación internacional para preservar el patrimonio cultural y natural mundial, y sobre todo la promoción de los Derechos Humanos.

En efecto, la UNESCO cuenta con una gran experiencia en materia de Derechos Humanos, su Constitución, adoptada hace sesenta años, proclama que el objetivo primordial de la Organización es el de “…contribuir a la paz y a la seguridad estrechando, mediante la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales...”

En este contexto, la UNESCO participó activamente en la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos así como en la de numerosas convenciones internacionales sobre los Derechos Humanos, la Organización ha adoptado sus propios instrumentos en este tema y ha creado mecanismos de seguimiento y un procedimiento especial para el examen de comunicaciones relativas a violaciones de los derechos humanos dentro del marco de su competencia.

Otros de los aspectos mas importantes son sus actividades, pues las actividades de la UNESCO en el ámbito de los derechos humanos se concentran en aquellas esferas en que la Organización posee una clara ventaja comparativa, experiencia y competencias, y al efecto con el fin de promover los derechos humanos, la UNESCO está fortaleciendo aún más sus funciones tradicionales: investigación y educación en derechos humanos, instrumentos jurídicos así como el seguimiento y la protección de los derechos de su competencia, estos derechos engloban: el derecho a la educación, el derecho a participar en la vida cultural, el derecho a la libertad de opinión y de expresión, incluido el derecho a buscar, recibir e impartir información, el derecho a beneficiar del progreso científico y de sus aplicaciones, basada en l os principios de interrelación, interdependencia e igual importancia de todos los derechos humanos- civiles, culturales, económicos, políticos y sociales- es el núcleo de todas sus actividades, estos son particularmente relevantes para la investigación y la educación en derechos humanos.

Como resultado de las acciones de la UNESCO en este ámbito, destaca que las personas deberían estar mejor informadas sobre sus Derechos Humanos y de los medios para defenderlos, al mismo tiempo que los responsables de la aplicación de dichos derechos deberían realizar sus obligaciones y adoptar medidas con el fin de promover y proteger los mismos, estableciendo como punto de partida que una estrecha cooperación entre todos los agentes que intervienen en el campo los derechos humanos es un prerrequisito para consolidar el progreso en este ámbito, por lo tanto la estrategia supone el fortalecimiento de la cooperación de la UNESCO con los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales, La sociedad civil y la comunidad académica, situación que es importante conocer, para poder exigir a las autoridades en este caso mexicanas que no solo se unan en teoría a los programas que la UNESCO establece, sino que con verdaderas estrategias promuevan entre la población la difusión, promoción, educación y cultura de los Derechos Humanos, que son la base de un ordenamiento jurídico que nos beneficie.

SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS

INCREMENTO DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS POR MIEMBROS DEL EJERCITO

DR. JULIÁN GERMÁN MOLINA CARRILLO

No obstante que nuestro Derecho a la Seguridad Pública debe ser garantizado por el gobierno, siempre basado en el pleno respeto a nuestros Derechos Humanos, es realmente alarmante que en la practica la situación sea totalmente contraria, y se sigan cometiendo violaciones a los Derechos Humanos por miembro del ejército.

Y más alarmante es que estas violaciones se cometan bajo la bandera de la lucha para combatir y erradicar el crimen organizado, porque si bien es cierto esta lucha es necesaria también lo es que no terminara por arte de magia erradicando en su totalidad el crimen organizado, y por ende estas violaciones a Derechos Humanos continuaran si el gobierno mexicano sigue enarbolando esta bandera.

En efecto, en un nuevo informe presentado por Amnistia Internacional sobre violaciones a Derechos Humanos a manos del Ejército, el organismo resaltó, con base en el número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que estos ilícitos se triplicaron en sólo dos años, situación que se agudizó a partir de que el gobierno de Felipe Calderón incorporó a la milicia en actividades de combate a la delincuencia, lucha en la cual se cometen graves violaciones a Derechos Humanos, toda vez que estas son cometidas durante operaciones militares para combatir la delincuencia organizada y los cárteles de la droga en México.

De ahí que existe un preocupante patrón de crímenes cometidos por el ejército en sus operaciones de seguridad, abusos que tanto las autoridades civiles como las militares de México tratan de negar, ignorar o en el mejor de los casos minimizar.

Otro de los problemas que resalta Amnistía Internacional, es que de los pocos casos de abusos a manos del ejército en los que se ha adoptado alguna medida, son juzgados por tribunales militares prácticamente cerrados donde las víctimas y sus familiares no tienen acceso a la información ni una condición jurídica que les permita recurrir contra las actuaciones judiciales o las del tribunal, situación que genera falta de independencia e imparcialidad de los procuradores y tribunales militares lo que ha desembocado en reiteradas ocasiones en la denegación de justicia a las víctimas y la impunidad para los perpetradores, abusos que tal y como lo declara Kerrie Howard miembro de Amnistía Internacional, contribuyen al deterioro de la situación de la seguridad en México, al no adoptar medidas para prevenir y castigar las violaciones graves de Derechos Humanos.

En este orden de ideas, es evidente que México afronta una importante crisis de seguridad pública y el Gobierno tiene claramente responsabilidad de combatir la delincuencia organizada y los cárteles de la droga con todos los medios legales a su alcance, tarea difícil y peligrosa, pero no se debe usar de la gravedad de una crisis como pretexto para no ver cuando se cometen abusos, que trasciendan en graves violaciones a los Derechos Humanos de los ciudadanos, que ni las reformas constitucionales, ni el incremento a las quejas en materia de Derechos Humanos resolver, toda vez que el problema medular es el abuso de autoridad que estos servidores públicos cometen aun traspasando el marco de la ley.

Bajo este contexto, es fundamental que el gobierno y las autoridades militares reconozcan la magnitud y gravedad de las violaciones de Derechos Humanos perpetradas por el personal militar en el desempeño de operaciones de seguridad pública en los últimos años, y que actúen rápidamente para invertir esta tendencia y proteger su credibilidad, aceptando que las violaciones a los Derechos Humanos nunca pueden considerarse actos de servicio sujetos a los procedimientos de la disciplina militar, y de esta forma reconocer que la formación del personal militar no es suficiente por sí sola para evitar y poner fin a los abusos.

La transparencia y la rendición de cuentas son también fundamentales, y estos elementos sólo pueden garantizarse mediante investigaciones independientes e imparciales llevadas a cabo por el sistema de justicia civil y de acuerdo con las normas internacionales de Derechos Humanos sobre juicios justos, además de que el sistema judicial militar debe evitar abrir y llevar a cabo investigaciones sobre informes de violaciones de Derechos Humanos solo cuando así lo recomienda la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en lugar de efectuar una función suplementaria de vigilancia no judicial, porque al lograr lo anterior, los miembros del ejercito que pretendan cometer un abuso de sus funciones lo pensaran dos veces al saber que no están protegidos por sus propios superiores y su régimen es realmente estricto, publico e imparcial con ellos.

Por tal motivo, es urgente hacer un llamado a las autoridades mexicanas que reconozcan la gravedad y escala de las denuncias de abusos contra los Derechos Humanos cometidos por miembros del ejército, así como el grado de complicidad de las autoridades civiles en el encubrimiento de estos abusos, y que conviertan esta cuestión en una prioridad del Gobierno, para que adopte medidas de inmediato que garanticen investigaciones rápidas e imparciales a cargo de las autoridades civiles a fin de que los responsables comparezcan ante los tribunales civiles y las víctimas reciban una reparación, y con ello evitar que el delito se siga combatiendo con mas delito.

SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS

16 DE OCTUBRE DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION

DR. JULIÁN GERMÁN MOLINA CARRILLO*

El Día Mundial de la Alimentación 2010 se celebrará el 16 de octubre, bajo el tema "Unidos contra el hambre".

En 1979, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) decidió en su 20º Conferencia General que celebraría a partir de 1981 el Día Mundial de la Alimentación el 16 de octubre de forma anual, el mismo día en el que se fundó la organización en 1945.

Los objetivos del Día Mundial de la Alimentación son: fomentar la atención a la producción de alimentos agrícolas, impulsar la cooperación económica y técnica entre los países en desarrollo, subrayar la atención pública sobre el hambre en el mundo y promover la transferencia de tecnologías al mundo en desarrollo, entre otros.

Cada año, distintos gobiernos, organizaciones y asociaciones civiles e internacionales, incluida la FAO, llevan a cabo una serie de actividades para celebrar el Día Mundial de la Alimentación, siendo este organismo desde su establecimiento, quien a nivel internacional a realizado un gran trabajo fructífero en la promoción del desarrollo de la agricultura nacional, como el cultivo de las tierras, la coordinación de programas de desarrollo alimentario y el entrenamiento de técnicos.

Sin embargo la lucha contra el hambre sigue siendo un trabajo enorme toda vez que un comunicado conjunto emitido por la FAO y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (WFP) estima que, para finales del 2010, el número de personas que sufrirán de hambre crónica a nivel mundial será de 925 millones, lo cual implica una reducción de 98 millones en comparación con los 1.023 millones del año pasado, sin embargo, esta cifra es aún "inaceptable".

Desafortunadamente en México la situación no es diferente, y el problema ya mayor, es más alarmante porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no reconoce de manera explícita el derecho a la alimentación, toda vez que el artículo 4 constitucional solo realiza una mención al respecto en el artículo cuarto constitucional, que señala: “Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación...”

Situación jurídica que a dos décadas del inicio de la lucha para que el derecho a la alimentación se eleve a rango constitucional, aun no es tomada en cuenta por el gobierno mexicano como prioridad en su agenda legislativa, no obstante de que el Derecho humano a la alimentación garantiza el cumplimiento de otros derechos humanos fundamentales.

Por tal motivo en este año para celebrar el día mundial de la alimentación cerca de un centenar de organizaciones sociales e igual número de ciudadanos apremiaron a los diputados a aprobar la minuta que el Senado les envió desde 2005 para reformar el artículo cuarto constitucional, enviando una carta denominada “Derecho constitucional a la alimentación: una decisión inaplazable”, sostienen que al menos 20 por ciento de la población padece hambre y desnutrición, más de la mitad de los mexicanos están en nivel de pobreza y el modelo agroalimentario y nutricional hegemónico ha impuesto una “epidemia de obesidad”.

En este orden de ideas, es importante hacer un llamado a nuestros gobernantes, para que en el 2010 dentro de las celebraciones del día mundial de la alimentación sea tomada en cuenta esta petición, toda vez que elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación es uno de los pendientes que en materia social tiene nuestro país y que debe atender con urgencia si México quiere transitar hacia un Estado democrático.

*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
*Profesor-Investigador del Doctorado en Derecho del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Sus comentarios son muy importantes, envíelos a la siguiente dirección: http://gmolinacarrillo.blogspot.com/

SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS ADOPCION HOMOPARENTAL EN MEXICO

DR. JULIÁN GERMÁN MOLINA CARRILLO*
En los últimos años los “grandes cambios producidos por nuevas necesidades o nuevas circunstancias sociales” hacen que las familias tengan que adaptarse a los nuevos tiempos.
Por tal motivo, finalizando la primera década del milenio, es evidente que la Familia como la máxima institución social, es permeada por factores de diversas índoles que establecen repercusiones significativas en toda su organización y en consecuencia en el marco jurídico vigente, así como en la sociedad, asumiendo novedosas tipologías y categorías de funcionamiento.
Así, con la disolución de los roles familiares tradicionales por la integración al campo de trabajo de hombres y mujeres, la aceptación abierta de las preferencias sexuales que en tiempos anteriores eran un tema sin posibilidades de dialogo, familias ensambladas o en sucesivas nupcias, turismo reproductivo, múltiples formas de procreación y las uniones de hecho o uniones libres, se abre la posibilidad de la creación de nuevas familias, y por lo tanto los núcleos familiares han cambiado y actualmente se pueden encontrar nuevas estructuras familiares, que cambian totalmente la concepción de familia que tiene la sociedad.
En este contexto, a partir del 21 de diciembre del 2009, en el Distrito Federal, se permite la adopción a parejas del mismo sexo, convirtiéndola en la primera ciudad de Latinoamérica en permitir la adopción homoparental.
En efecto, fue el Distrito Federal, el primero en el país en autorizar la adopción a homosexuales, lo cual ha provocado gran polémica dentro de algunos sectores específicos de la población heterosexual, quienes se han estado manifestando en contra de dicha determinación.
Sin embargo, abordar el tema de la adopción homoparental “no es tarea fácil e implica un análisis sumamente complejo de todas aquellas circunstancias socioculturales y jurídicas del momento actual”, antes de emitir una opinión, para que esta no resulte contradictoria o errónea de acuerdo a los derechos que le asisten tanto a las parejas del mismo sexo como a los menores sujetos a adopción, tanto a nivel nacional como internacional.
Quienes se oponen a la posibilidad de adopción que ahora tienen en el Distrito Federal las parejas del mismo sexo, argumentan que no es posible incluir a un menor de edad a un núcleo familiar que va a transformar sus preferencias sexuales en el futuro, que lo condenarían a un sinfín de perversiones, y que se debe evitar la discriminación a que serán sujetos los hijos de estas familias por parte del resto de la sociedad.
Sin embargo, estos solo son argumento de grupos determinados de personas, que como tal debemos respetar, toda vez que únicamente son eso opiniones, pero realmente lo que debemos asumir es una posición de análisis del marco jurídico vigente en el campo nacional e internacional, para que esta ley; como las que con posterioridad a ella se reformen o no en el resto del país; no vulneren el marco jurídico vigente, y con ello evitar que se de opiniones en contra sin fundamento.
Partiendo de lo anterior, lo primero que debemos asumir es que la adopción de padres y madres homosexuales tiene que ver con la expresión y legitimación ante la sociedad de que las uniones homosexuales, son tan validas como las heterosexuales, es decir reconocer en primer lugar la validez jurídica de los matrimonios entre personas del mismo sexo, y con ello el respeto a los derechos que de ellas se derivan, como es el caso en particular de la adopción.
Al reconocer lo anterior, sin duda alguna haremos una expresión de igualdad y respeto de sus Derechos humanos., pero por el simple hecho de hacerlo no significa que en automático se den las adopciones en estas parejas, pues en realidad lo realmente importante es aclarar que los candados o medidas de seguridad que las leyes de adopción establecen para las parejas heterosexuales serán las mismas para las parejas del mismo sexo, es decir no el hecho de estar reconocido su derecho significa que todas las parejas del mismo sexo reciban de manera automática a un niño en adopción cuando lo soliciten, sino que deberán ser sometidas al mismo proceso de selección e investigación que las leyes vigentes en la materia establecen para el resto de los matrimonios, y de cuya aplicación dentro del proceso de aceptación de una solicitud de adopción no todos resultan aptos para la adopción, es decir el reconocimiento de un derecho siempre lleva consigo la aceptación de una obligación.
En este contexto, es indudable que las pautas para aceptar o no la adopción homoparental deben surgir de investigaciones científicas de psicólogos, pedagogos, psiquiatras, pediatras y juristas, y las resoluciones que se tomen se deben centrar fundamentalmente en dos aspectos: determinar cuál es la finalidad última de la adopción atendiendo a los derechos tanto de las personas de preferencias sexuales distintas, como de los menores, y cuáles son los valores que la sociedad quiere salvaguardar a través de ella., basados en el análisis de las leyes nacionales e internacionales vigentes y aplicables al caso en particular en nuestro país, sin olvidar que si hemos sido capaces de aceptar los cambios dentro de las estructuras familiares podremos modificar nuestro pensamiento ante la adopción homoparental, aunque al principio se vea difícil de lograr por la resistencia a los cambios sociales.
*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
* Profesor-Investigador del Doctorado en Derecho del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla.
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12 DE AGOSTO DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD

12 DE AGOSTO DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD

DR. JULIÁN GERMÁN MOLINA CARRILLO*

El 12 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Juventud, el cual fue establecido el 17 de diciembre de 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 54/120, en la que fue aprobada la recomendación de la Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos de la Juventud (Lisboa 8- 12 de Agosto de 1998) para que este día fuera declarado como Día Internacional de la Juventud.
Como todas las fechas especiales designadas por la Organización de las Naciones Unidas, la base de su aprobación es la meta de un objetivo, que de lograrse seria un beneficio del grupo en especial, y el 12 de agosto no es la excepción, toda vez que su objetivo es darle un mayor impulso al programa de Acción Mundial para los Jóvenes, el cual a su vez busca que estos jóvenes organicen campañas de información y accionen la practica para animar el fortalecimiento de la capacidad y la participación de los jóvenes en los procesos y decisiones que afectan su vida.

Concatenado a la anterior, en diciembre del 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 64/134, proclamando el 2010 como el Año Internacional de la Juventud (AIJ), que tiene como meta resaltar la importancia que la comunidad internacional pone sobre la prioridad de las cuestiones de desarrollo juvenil en las estrategias mundiales, regionales y nacionales, actuando bajo el lema “diálogo y la comprensión mutua”, el AIJ tiene como objetivo promover los ideales de paz, el respeto de los derechos humanos y la solidaridad entre generaciones, culturas, religiones y civilizaciones.
En esta resolución, los gobiernos, la sociedad civil, individuos y comunidades en todo el mundo están llamados a apoyar actividades a nivel local e internacional para celebrar el acontecimiento, de igual forma, la resolución alienta a los jóvenes para comprometerse fomentando el progreso, incluso a través del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de las Naciones Unidas que apuntan a combatir la pobreza extrema, el hambre, la mortalidad materna e infantil, la falta de acceso a la educación, el trabajo, la igualdad entre el hombre y la mujer, y el cuidado de la salud para el año 2015.
No obstante lo anterior, que evidentemente esta proyectado con objetivos claros y alentadores para la juventud de todo el mundo, es evidente que únicamente se queda en buenas intenciones plasmadas en papel, de manera especial al hablar de la juventud en México, toda vez que la inestabilidad económica actual ha tenido un impacto negativo sobre las perspectivas de empleo decente de los jóvenes de ambos sexos, así como acceso a la educación superior, pues evidentemente con la educación elemental, que tan solo en México cubre hasta la Secundaria, los jóvenes no garantizan un buen futuro, y lamentablemente los jóvenes se enfrentan a una creciente incertidumbre en su transición a la educación superior y a empleos decentes.
Aunado a lo anterior, la crisis económica mundial ha agravado aún más su vulnerabilidad en el mercado laboral, y mas tristemente en el aspecto educativo, toda vez que sin empleo, y sin recursos económicos suficientes que desarrollen proyectos educativo públicos, evidentemente los jóvenes no tiene acceso a la educación superior y muchos menos a las escasas oportunidades de empleo existente, convirtiendo esta situación en la realidad de vida para los jóvenes Mexicanos, los cuales han formado la base del concepto que actualmente esta de moda, el de los muy famosos “ninis”.
Lo anterior, incrementa las filas de desempleo, pues entre 2008 y 2009, la tasa de desempleo registró el mayor incremento anual invirtiendo la tendencia anterior a la crisis, tasa decreciente desde 2002, y a finales de 2009, de unos 620 millones de jóvenes económicamente activos, 81 millones, o el 13 por ciento, estaban desempleados, esto representa 7,8 millones de jóvenes más que en 2007 dato registrado al comienzo de la crisis mundial, y hoy en día, los jóvenes son casi tres veces más propensos que los adultos a estar desempleados.
Bajo este contexto, es urgente hacer un llamado a nuestro gobierno, para que haciendo énfasis en que México a diferencia de muchos otros países del mundo, es un país de jóvenes, coloque entre sus prioridades a la juventud y sus necesidades y metas, así como el respeto y garantía a sus mas elementales derechos humanos, y con ello año tras año podamos celebrar el día internacional de la juventud, forjándoles un futuro exitoso y no solo se quede en discurso político.
*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
* Profesor-Investigador del Doctorado en Derecho del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla.
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VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES CENTROAMERICANOS EN MEXICO.

VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES CENTROAMERICANOS EN MEXICO.

DR. JULIÁN GERMÁN MOLINA CARRILLO*
Es evidente, que la discriminación constituye una forma de exclusión social que no se limita a la raza, sino que tiene que ver con situaciones sociales, económicas, políticas, religiosas y culturales.
En México, todavía hay desplazamientos y expulsiones de indígenas de sus lugares de origen, sanciones impuestas a menores por no rendir honores a la bandera, pruebas de no embarazo que algunas empresas exigen a las mujeres que aspiran a un empleo, y el no menos importante por no realizarse a ciudadanos mexicanos, el maltrato y vejaciones contra migrantes centroamericanos que cruzan el país para llegar a Estados Unidos.
En efecto, de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración los trabajadores centroamericanos que emigran a México provienen principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, sin embargo, los hondureños y los salvadoreños solo se quedan temporalmente, hasta que reúnen el dinero necesario para viajar a los Estados Unidos, y los únicos que realmente tienen a México como destino final son los primeros.
Cruzar de Guatemala a México no es “cosa sencilla” y se complica más si no cuentas con los documentos y los medios económicos necesarios para hacerlo , las personas migrantes provenientes de los países centroamericanos que no cuentan con los requisitos necesarios (y a veces hasta quienes sí cuentan con ellos) optan por los Estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco como vías de acceso a nuestro país, debido a que son los estados de la República Mexicana que colindan con Guatemala y Belice, lo que representa 1 mil 149 Kms. de frontera.

Con base en lo anterior, en los últimos años, el aumento de personal y controles de las fronteras bajo el argumento de perseguir el tráfico de indocumentados ha provocado que los puntos de entrada, así como las rutas de tránsito, se hayan desplazado a sitios más inhóspitos y peligrosos, en el camino, entonces, se muestran tanto las precarias formas de viajar (sobre todo en los trenes de carga que cruzan el país) como la violencia de las bandas delictivas que buscan sacar provecho de su situación.

Luis Arriga Valenzuela, Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, explicó que en la ruta de los migrantes están presentes todas las formas de violación a sus Derechos Humanos e incluso a los de sus familias, entre las que destacan abusos sexuales, tortura física y psicológica, explotación laboral y sexual, entre otras.

Uno de los problemas más graves a los que se enfrentan las personas migrantes indocumentadas, hoy en día, es el secuestro de migrantes, según cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tan solo en 6 meses, de 2008 a 2009, hasta 9 mil 758 migrantes habían sido secuestrado, y en virtud de que el secuestro es una importante fuente de dinero para las bandas delictivas, tiene sistema y va en aumento.

Bajo ese contexto, diversas ONG’s de Derechos Humanos destacan el aumento del secuestro, encontrando vinculación entre autoridades locales, municipales, estatales y federales, en junio de 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitió un primer reconocimiento sobre los abusos cometidos por autoridades mexicanas, Amnistía Internacional reporta que “La Comisión Nacional de Derechos Humanos, entrevistó a 238 víctimas y testigos de 198 secuestros de migrantes perpetrados entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, de los migrantes entrevistados, 91 manifestaron que su secuestro había sido responsabilidad directa de funcionarios públicos, y otros 99 observaron que la policía actuaba en connivencia con los secuestradores durante su cautiverio, además la CNDH, ha documentado la inacción de las autoridades municipales, que no le proporcionaron información exacta y no investigaron la implicación de la policía en la banda delictiva”.

En este orden de ideas, es evidente que el trato discriminatorio que el Estado Mexicano da a los migrantes se ve reflejado en muy diversos aspectos, uno de los más duros es el caso de las estaciones migratorias que durante mucho tiempo han sido una preocupación constante para las organizaciones civiles, toda vez que son frecuentes los reportes de abusos y malos tratos y violaciones al debido proceso; cuestiones que han motivado denuncias a nivel internacional así como recomendaciones por parte de organismos especializados, sin embargo, a pesar de estas denuncias, la normatividad actual de las estaciones migratorias, escudándose en cuestiones de seguridad sigue siendo un marco que restringe derechos a las personas migrantes.

Por tal motivo es tiempo de que las autoridades mexicanas de todos los niveles realicen actos, que mejoren esta situación y México se convierta en lugar de verdadero respeto de los Derechos Humanos de los migrantes en el caso particular de los centroamericanos y de esta forma exigir el respeto de estos, y de todos los migrantes mexicanos a nivel internacional.

*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
* Profesor-Investigador del Doctorado en Derecho del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla.
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TRATA DE PERSONAS Y DERECHOS HUMANOS

DR. JULIÁN GERMÁN MOLINA CARRILLO*
La Trata de Personas antes era conocida como Trata de Blancas, es definida como un delito contra los Derechos Humanos, y por tal motivo y debido a su incremento en nuestro estado y en todo el país, es importante definirla con precisión y conocer la situación que en cuanto a este delito presenta México.
El concepto de trata es la captación, transporte, traslado, o recepción de personas recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza, rapto, engaño, fraude, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual, laboral o de otra índole, considerada como la esclavitud del siglo XXI.
Este Delito consiste en el traslado forzoso o por engaño de una o varias personas de su lugar de origen (ya sea a nivel interno del país o transnacional), la privación total o parcial de su libertad y la explotación laboral, sexual o similar, sin embargo es importante diferenciarlos del trafico ilegal de emigrantes: En primer lugar, porque el objetivo de la trata de personas es la explotación del individuo, mientras que en el tráfico ilegal es el movimiento de un lugar de origen a otro de destino, siendo siempre entre naciones, no teniendo por qué ser así en la trata de personas, ya que se puede producir incluso dentro del país en segundo lugar, porque en la trata de personas la relación con la organización delictiva no finaliza una vez el individuo (víctima) ha llegado al destino, sino que es un proceso que continúa con la explotación del mismo, y en el caso del tráfico ilícito de emigrantes, la relación con la persona beneficiaria del pago finaliza una vez el sujeto ha llegado al país de destino.
Para Mario Luis Fuentes, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, dijo: “la trata de personas es uno de los crímenes sociales más impunes en el país, un crimen que es visible pero se ignora, que no es denunciado y que lamentablemente todos los datos indican que para que se dé, tiene que haber complicidad de autoridades migratorias, judiciales y una enorme tolerancia”.
En el Distrito Federal, la zona de La Merced es uno de los 22 puntos donde existe trata de personas con fines de explotación sexual comercial, otros son circunvalación, Calzada de Tlalpan, la Zona Rosa y la Alameda Central, las victimas en su totalidad son mujeres, menores de edad, originarias de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas y Oaxaca.
Con base en lo anterior, es realmente alarmante que a pesar de que México cuenta con una Ley de trata de personas desde 2007, La Secretaria de Gobernación, con una comisión en la materia y el Congreso mexicano, con su propia comisión de trata, el número de investigaciones y condenas por este delito siguen siendo bajas.
En efecto, es alarmante que a nivel internacional México se encuentre en el quinto lugar en la Comisión del delito de trata de personas, situación que pone en evidencia que en nuestro país sigue habiendo falta de recursos gubernamentales, y sentencias, o castigos severos, e indica que si bien hubo un aumento en la aplicación de la Ley, los esfuerzos fueron desiguales en todo el país y de manera vergonzosa el Informe sobre Trata de Personas 2010, del Departamento de Estados Unidos, publicado el 14 de junio, advierte que para que este delito, no sea castigado de manera puntual, se suma el hecho de que muchos jueces no están familiarizados con las leyes de trata y que por segundo año consecutivo son escasos los resultados de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas a tres años de su promulgación.
En el caso particular de Puebla, no obstante que es uno de los Estados con mayor vulnerabilidad para la comisión de este delito, será hasta el último trimestre del año cuando el Congreso del estado presente y en su caso, apruebe la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en Puebla, delito por el cual existen a la fecha 12 investigaciones abiertas y 47 personas implicadas.
Ante este panorama es urgente que nuestros gobernantes realicen acciones tendientes a combatir este crimen y por lo tanto es urgente que tal y como lo recomienda Organismo Internacionales, México apruebe y ejecute un Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas, que incluya mayor financiamiento y orientación a las agencias federales y gobiernos estatales, investigar y enjuiciar los delitos de trata, incluyendo a los funcionarios públicos que sean cómplices del delito.
*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
* Profesor-Investigador del Doctorado en Derecho del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla.
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SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS

LA CULTURA DE LA LEGALIDAD COMO BASE DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
DR. JULIAN GERMAN MOLINA CARRILLO*
Al inicio de su gestión, en lo que el mismo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos llama “Su nueva etapa”, anuncio que buscaría dejar muy en claro que este Organismo esta para defender los derechos de las victimas del delito y los derechos de las victimas del abuso del poder.
Para lograr lo anterior, prometió que se mantendría un contacto muy cercano con los medios de la sociedad, con los organismos no gubernamentales y con toda aquella persona que desee colaborar para lograr este objetivo.
De igual forma el organismo considero que la protección de los derechos requiere crear conciencia en la sociedad e incidir en los servidores públicos, para que ante el actuar social y personal se anteponga el cumplimiento de la ley y el respeto de la dignidad humana.
En discurso para esta nueva dirección de la CNDH, es necesario impulsar una CULTURA DE LA LEGALIDAD, con una nueva generación de normas, en las que el respeto a la ley y a los Derechos Humanos sean la directriz de actuación en el servicio público y el cumplimiento de los deberes de las personas de convivencia entre autoridades y particulares.
El programa que en teoría resulta funcional, resultaría de vital importancia y se convertiría en la base de un futuro mejor en el cumplimiento y respeto a los derechos humanos de los mexicanos, si en realidad es observado y acatado principalmente por las autoridades, en virtud de que, promover la legalidad y el fortalecimiento de las instituciones, así como el Estado de Derecho, es un deber primordial de los gobiernos del continente y del mundo, sobre todo en México en las que se han registrado altas tasas de criminalidad y corrupción.
A través de la promoción de una cultura de la legalidad se inculcan en las sociedades valores necesarios para vivir en armonía y paz; además, se asegura que los órganos del Estado estén y actúen respetando la ley, la legalidad es un principio que todos, gobernantes y gobernados sin excepción, debemos acatar, como afirma Alain Turein en ¿Podemos vivir juntos?: “Desde la cotidianeidad, la seguridad ciudadana es indispensable para la convivencia humana”., y ésta sólo se logra con la legalidad, el Estado de derecho, la natural reconciliación y corresponsabilidad.

Unido a lo anterior, es importante resaltar, que mas que un programa de un organismo la legalidad es un factor importante y debe ser observado por todas las autoridades no como un plan de buenas intenciones a futuro, si no como su base de actuación, toda vez que es también un requisito para la democracia, como estipula el artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana, adoptada en Lima, Perú, en el año 2001: “…la democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional”.

Al mismo tiempo, la legalidad, la democracia y el Estado de derecho constituyen condiciones necesarias para lograr la vigencia y el respeto de los Derechos Humanos en una sociedad justa e inclusiva, es decir, crecientemente civilizada, ello incluye el ejercicio de los derechos de participación política, el respeto al principio de la legalidad, la autonomía e independencia del Poder Judicial y la tutela efectiva frente a los actos del poder publico.
Por otra parte, es importante mencionar que el programa “Cultura de la Legalidad” es un programa impulsado por la OEA a través de la CICAD, que busca fomentar el cambio de actitud y comportamiento en estudiantes de 13 a 15 años, se enfoca principalmente a orientar y formar a los estudiantes en el respeto a ley, la participación en la comunidad, la toma de decisiones saludables y el papel que juegan los individuos, los padres, las familias y la sociedad en la solución de los problemas que amenazan a la seguridad publica.
Bajo este orden de ideas, es evidente que la promoción de la cultura de la legalidad es fundamental para abatir las violaciones a Derechos Humanos, mediante el impulso de políticas públicas que generen mas que una conciencia en la sociedad, una verdadera conciencia en nuestros gobernantes, toda vez que si bien es cierto, es de vital importancia que miembros de la sociedad civil tengamos un verdadero conocimiento de nuestros derechos y obligaciones, mismo que en la actualidad si poseemos” , también lo es, que es mas importante para el respeto a los Derechos humanos es que nuestros gobernantes, es decir nuestras autoridades, tengan muy en claro los derechos que le asisten a los ciudadanos, en virtud de que las violaciones a estos, se dan cuando ellos vulneran los Derechos Humanos de un miembro de la sociedad y no es la sociedad la que vulnera entre los particulares los Derechos Humanos.
*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
* Profesor-Investigador del Doctorado en Derecho del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla.

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SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS

VIABILIDAD DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL QUE DOTARIA A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA FACULTAD DE INVESTIGACION (I)

DR. JULIÁN GERMÁN MOLINA CARRILLO*

El pasado 8 de abril, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, el proyecto contempla modificaciones a los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La reforma constitucional es un asunto pendiente y exigido no sólo por las Organizaciones de Derechos Humanos desde hace años, es un tema señalado reiteradamente por Organismos Internacionales (entre ellos la Organización de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano) como indispensable para cambiar la terrible realidad de los Derechos Humanos en el país, no debemos olvidar que 2009 fue un año de importante actividad legislativa en materias electoral y energética, y que el tema de Derechos Humanos quedó como un pendiente, a pesar de que, a fines de la anterior legislatura, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de reforma en la materia, en aquel momento nos dio la impresión que dicho proyecto (aprobado en abril de 2009) se había realizado sin un verdadero compromiso de los legisladores con los Derechos Humanos.
Ese texto, impulsado en 2009 por la Secretaría de Gobernación, proponía reformar los artículos 1, 11, 33, 89 y 102, y a pesar de contener aspectos positivos, resultaba deficiente no sólo por lo limitado de la propuesta, sino porque resultaba contradictorio en su contenido, esto fue notado por los senadores cuando recibieron el proyecto, y desde un principio señalaron que era deficiente y dijeron que tenía pocas probabilidades de ser aprobado en esa instancia, el texto no fue puesto a consideración del pleno de la cámara alta y los senadores trabajaron en una propuesta propia de reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, en la que participaron las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y la de Reforma del Estado.
La propuesta de reforma, aprobada ya en el Senado y que será próximamente discutida en la cámara baja, es más amplia que la aprobada por los diputados hace más de un año, pues aborda modificaciones y adiciones a los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105 de la Constitución, pero puede resultar más controversial al mismo tiempo, toda vez que en ella entre otras propuestas destacan que se reconocería el rango constitucional de los Derechos Humanos en la misma y en tratados internacionales, así como la obligación de respetarlos por parte de las autoridades de todos los poderes y niveles de cuestión, en la que nuestra Constitución resultaba insuficiente, al reconocer únicamente las garantías individuales (redacción aún sujeta a discusiones conceptuales), y otro aspecto que parece sencillo, pero que no es menor, es el último cambio fundamental que en materia de Derechos Humanos contiene esta propuesta, y el cual resulta la propuesta más controvertida, que consiste en la faculta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a realizar las investigaciones sobre hechos que constituyan violaciones graves a los Derechos Humanos, facultad antes reservada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que impide a cualquier dependencia negar información solicitada por la CNDH.
Sin embargo, la gran interrogante es si era necesario incluir este punto o si la CNDH ya tenía esas facultades, y lo mas importante, que tan positivo o viable resultaría dotarla de esta facultad, toda vez que al efecto tendría que atribuírsele el carácter de autoridad, por lo tanto es necesario analizar desde su estructura interna y la forma de elección del Ombusman, hasta los interés políticos que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos podrían existir, para con ello aseguran la eficacia, transparencia y trascendencia positiva de sus resoluciones, en el entendido de que una reforma, aunque sea de carácter constitucional, no basta por sí sola para acabar con las violaciones en el país: se requiere de análisis profundo de sus bases y consecuencias, así como de voluntad política para acatar el compromiso que esperamos que dichas reformas contengan.

*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
* Profesor-Investigador del Doctorado en Derecho del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla.

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SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS

IMPUNIDAD EN LA RESOLUCION DE LA CORTE SOBRE EL CASO

DE LA GUARDERIA ABC DE SONORA, HERMOSILLO.

DR. JULIÁN GERMÁN MOLINA CARRILLO*

La tragedia en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, reveló la peor de las pesadillas políticas del país, La Impunidad.

En un país, donde la población entera ha dejado de creer en la justicia y que ya no confían en ninguna autoridad, la decisión que tomara la Corte sobre el caso de la Guardería ABC de Sonora Hermosillo, que ha despertado tanto la sensibilidad social, podría haber sido un mensaje de esperanza, un recordatorio de que todavía tenemos Estado y que por encima de intereses políticos, el ciudadano va a ser respetado y sus derechos protegidos.

Sin embargo cuando hace apenas un par de semanas parecía que la justicia llegaría por fin, toda vez que en un anteproyecto de sentencia de la Corte se hablaba de fincar responsabilidades de este hecho, a Juan Molinar Horcasitas, antiguo encargado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Eduardo Bours, exgobernador de Sonora y a Daniel Karam actual director del IMSS, y con ello como acertadamente lo menciona el abogado Constitucionalista Miguel Carbonell, “ La Corte podría haberse constituido en este momento tan complicado que esta viviendo México en el único asidero de credibilidad y de lucha contra la impunidad”, nuevamente el elemento impunidad apareció y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron, luego de un profundo debate, que no compartían el proyecto del Ministro Arturo Zaldívar y de manera decepcionante emitieron su dictamen.

En efecto, con una votación de ocho a tres, el pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se negó a establecer responsabilidades de los funcionarios implicados en la tragedia del caso ABC, y tomando como precedente el caso Oaxaca, en el que también hubo graves violaciones a las garantías fundamentales, pero sin que se establecieran responsabilidades constitucionales, se decidió ubicar a funcionarios menores de los tres niveles, como las únicas autoridades involucradas en las violaciones registradas en la tragedia que costo la vida a 49 niños y dejo lesionados a 104 mas.

Bajo ese contexto, es evidente que las razones políticas, de amistad, o de cualquier otro interés, se impusieron a las jurídicas en la resolución que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la impunidad se sigue consolidando como una parte fundamental del sistema político mexicano por la vía de los hechos y parece que, más que ser un problema de este sistema, es uno de sus componentes básicos, por lo menos en la actuación de toda la clase política, salvo las honrosas excepciones, quienes nos lo demuestran día a día, y la manera de proceder de los que se suponen son los responsables de impartir la justicia, es francamente indefendible.

Se afirma lo anterior, toda vez que si bien es cierto el dictamen que se emitió no sea vinculante, eso no significa que no tuviera consecuencias, pues estas, de haber sido justo el dictamen, devolverían la credibilidad a un Estado que por sus fallidos gobernantes ha sido debilitado y con ello la seguridad a sus ciudadanos desprotegidos de sus Derechos mas fundamentales, en virtud de que sus consecuencias hubieran sido en el ámbito de la ética y de la legitimidad democrática, un dictamen el cual se fincara responsabilidad a los funcionarios que realmente la tienen, tendría un trascendental efecto de censura sobre la gravedad de las violaciones a los Derechos Fundamentales constatadas y lo mas importante hubiera sido un mensaje a todas las autoridades del país, para que sucesos de esta índole no volvieran a acontecer y La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reafirmaría su papel como el Tribunal con el que los millones de mexicanos desprotegidos contamos como contrapeso y barrera frente a los abusos del poder.

Sin embargo con el absurdo dictamen emitido por la Corte, nuevamente la sombra de la impunidad cubre el país y la demanda de justicia será saldada con chivos expiatorios.

Con base en lo anterior, lo más probable es que el caso de la Guardería ABC pase a engrosar la lista de la impunidad en México, como la masacre de Acteal en Chiapas, las explosiones en el sector Reforma el 22 de abril en Guadalajara, la represión del 28 de mayo también en la capital de Jalisco, la masacre del dos de octubre de 1968 en la ciudad de México, entre otros, y las violaciones a los Derechos humanos de los mexicanos continuara siendo la base de acción de nuestros gobernantes.

*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

* Profesor-Investigador del Doctorado en Derecho del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla.

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COLUMNA: SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS

ESTADO O GOBIERNO FALLIDO POR EL DESCONTROLADO CRIMEN ORGANIZADO Y OTRAS FIGURAS DE PODER DE HECHO


DR. JULIAN GERMAN MOLINA CARRILLO*

En días recientes, el debate sobre el concepto de Estado fallido que se le ha aplicado a México desde meses anteriores, debido a las manifestaciones que los representantes Estadounidenses han vertido respecto a el, ha crecido y los foros de discusión han aumentado, encontrando en ellos una amplia gama de versiones desde las que defiende al Estado Mexicano hasta las que lo condena al rotundo fracaso.

Sin embargo, del contenido de estos argumentos también se desprende que existe una grave confusión entre el concepto de estado y gobierno, confusión que evidentemente es muy conveniente para las autoridades que plantean sus puntos de vista.

En efecto si hablamos del concepto de estado fallido como un todo, es evidente que algunas autoridades extranjeras, les resulta conveniente plantear este concepto global como una totalidad (territorio, población y gobierno), con el objeto de evidenciar una fragilidad en todos sus elementos, y si hablamos de las autoridades mexicanas de manera obvia utilizan el concepto de estado y no de gobierno fallido por no evidenciar sus escasos o nulos resultados solo como gobierno.

En ese orden de ideas, es importante definir el concepto de estado, y poder con ello concluir quien verdaderamente esta fallando, el estado en su totalidad o nuestros gobernantes. El Estado es una sociedad humana, asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde, sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad estatal para obtener el bien público de sus componentes.

Muchos autores aseguran que el poder y el gobierno son sinónimos, sin embargo nos damos cuenta que no es así, para muchos, el poder significa ser ley, ser total, y el gobierno no lo es así, el gobierno es regido por el pueblo y para el pueblo, pero tomaremos al poder como un elemento del Estado, por lo tanto el estado esta integrado por tres elementos que son: Territorio Francisco Pérez Porrúa lo considera como el elemento físico de primer orden para que surja y se conserve el Estado, pero agrega “La formación estatal misma supone un territorio, sin la existencia de éste no podrá haber Estado”, es el suelo dentro del que los gobernantes ejercen sus función, Población entendemos al compuesto social de los procesos de asociación en el emplazamiento cultural y superficial, o el factor básico de la sociedad, o una constante universal en el mundo que se caracteriza por las variables históricas. El principal valor del pueblo está en su universalidad. No habrá Estado si no existe el pueblo y viceversa, y Gobierno lo entendemos como la capacidad o autoridad de dominio, freno y control a los seres humanos, con objeto de limitar su libertad y reglamentar su actividad. Este poder puede ser por uso de la fuerza, la coerción, voluntaria, o por diversas causas, pero en toda relación social, el poder presupone la existencia de una subordinación de orden jerárquico de competencias o cooperación reglamentadas en toda sociedad, debe existir un poder, absolutamente necesario para alcanzar todos su fines propuestos.
En ese contexto, como lo afirma el jurista Diego Valades, México no es un estado fallido pero si lo dirige un gobierno fallido, toda vez que el Estado existe o no existe, y en caso de nuestro País México existe como un estado perfectamente bien integrado en sus tres elementos territorio, población y gobierno, dentro del cual su territorio es basto y prospero, su población es numéricamente suficiente y capaz para vivir y desarrollar su potencial en el territorio mexicano y su gobierno teóricamente se encuentra bien establecido, no obstante de sus evidentes influencias externas que lo colocan en graves problemas y fracasos.
En efecto, el estado mexicano existe y posee los elementos suficientes y necesarios para su desarrollo, sin embargo, el país vive una crisis institucional que pone en riesgo la continuidad de sus instituciones, en virtud de que su funcionamiento y resultados se ven amenazados por figuras tales como el crimen organizado, que ha llegado a colapsar gobiernos en algunas zonas del territorio nacional como lo son las fronterizas u otras figuras como son los intereses de los grupos políticos que inyectan al gobierno de sus intereses para gobernar, o de grupos de empresarios con la suficiente capacidad económica para ordenar a los gobernantes su actuar en pro de sus intereses.
Lo anterior, son factores que minimizan la capacidad de gobernar del país, toda vez que nuestras figuras de gobierno no actúan de manera libre y cumpliendo solo con los verdaderos motores que los ha creado e impulsado que es su población, sino que ahora gobiernan empapados de interés de grupos de poder externos del gobierno que ponen en un estado de peligro a la figura del gobierno, en virtud de que reducen su credibilidad ante la población, debido a que los beneficios que del gobierno se deben de obtener son mínimos para el pueblo y todos para los grupos de poder, situación que denotan el quebrantamiento de las bases que nutren al Estado, el respeto por la ley y la secularidad en las decisiones pero no denotan el fracaso total del Estado.
Por lo tanto México vive una crisis de gobierno, en el que existe un déficit de responsabilidad penal, toda vez que no se ejercen acciones para exigir la responsabilidad penal de los delincuentes, pero no solo tenemos déficit en ello, también la tenemos en la responsabilidad política, en virtud de que ningún político mexicano, ninguna autoridad o funcionario público es responsable ante nadie y por lo tanto nuestras autoridades no son responsables ante los ciudadanos, situación que debe de terminar y poner un mayor interés nuestras autoridades en la solución de esta crisis que conlleva a condiciones de vida carentes para los ciudadanos y con ello a una falta de credibilidad en nuestras figuras de gobierno, para evitar que México realmente se convierta en un Estado fallido.
*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
* Profesor-Investigador del Doctorado en Derecho del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla.
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SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS

21 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA DISCRIMINACION RACIAL

DR. JULIÁN GERMÁN MOLINA CARRILLO*
El 21 de marzo se conmemoro un nuevo aniversario del Día Internacional contra la Discriminación Racial, instituido por las Naciones Unidas en 1966, luego de que decenas de manifestantes que protestaban contra el apartheid, fueran masacrados por la policía de Sudáfrica, en el suburbio segregado de Sharpville.
Esta fecha recuerda la urgencia ético-política de erradicar todas las formas de discriminación basada en la condición social, la raza, la descendencia o el origen nacional, religioso o étnico que tengan como objetivo o efecto la exclusión, la marginalización o la dominación, que aún persisten en nuestros países.
Según el Informe 2009 de Amnistía Internacional, donde se documenta la situación de los Derechos Humanos en 157 países y territorios del mundo, la inseguridad y la discriminación estructurales impiden que los avances conseguidos en las leyes se hagan realidad plenamente.
En 2010, el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra en el contexto del Año Internacional de Acercamiento de las Culturas proclamado por las Naciones Unidas, cuyo objetivo del mismo es contribuir a que se disipen las amalgamas generadas por la ignorancia, los prejuicios y las exclusiones, que son fuente de tensiones, inseguridad, violencia y conflictos.
En ese orden de ideas, es importante mencionar lo aseverado por la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, quien manifestó que para lograr lo anterior, “Será menester que, promoviendo el diálogo y el conocimiento recíprocos, propiciemos el respeto por la cultura ajena y rompamos las barreras que separan a las diversas culturas, es decir el intercambio y el diálogo entre las culturas son los mejores instrumentos para construir la paz.”
No obstante lo anterior, es alarmante que en México la discriminación se ha acentuado en los últimos años y tiene repercusiones muy diversas de carácter social, psicológico, económico y político que atañen al desarrollo del país, sobre todo si hablamos que México es un país pluricultural y con graves problemas económicos que coloca a gran numero de sus ciudadanos en diferencias radicales tanto económicos, como culturales, sociales y étnicas, sin embargo pese a ello, en México no se cuenta con investigaciones profundas sobre el tema, ni con sanciones severas aplicables a quienes cometan actos discriminatorios.
En nuestro país la discriminación se ha visto más marcada entre los grupos indígenas, acción que tiene una fuerte repercusión en el sector económico, ya que al ser discriminados por ser indígenas se les otorgan salarios muy bajos o, peor aún, se les niega la oportunidad de tener un empleo, lo cual como ya se ha mencionado por diversos investigadores trasciende en la economía del país puesto que al no contar con esa oportunidad se dedican a la economía informal o caen en situaciones de delincuencia.
Desafortunadamente es tan grave la situación de la discriminación que dentro de los mismos grupos indígenas se excluye a las personas por ser mujeres, ancianos, etcétera, y desde ahí se inicia la degradación del ser humano, lo cual afecta también el ámbito sicológico, de manera que quienes conforman un grupo de raza distinta viven con la visión de que al ser parte de un sector racial diferente son incapaces de asumir las mismas tareas o contar con las mismas garantías que cualquier ciudadano, situación ante la cual el gobierno de nuestro país no realiza acciones realmente efectivas encaminadas a combatir este problema y colocar a sus habitantes que viven esta situación en el lugar digno que se merecen.
Bajo ese contexto, en la conmemoración de este Día Internacional, es necesario ser conscientes de que la lucha para eliminar el racismo dista mucho de haber terminado, y que la igualdad y los derechos humanos siguen en el plano de las buenas intenciones, no en el de las buenas prácticas.
*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
*Profesor-Investigador del Doctorado en Derecho del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla.

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COLUMNA SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS

20 DE FEBRERO DIA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
DR. JULIÁN GERMÁN MOLINA CARRILLO.*
El pasado 20 de febrero se celebro, por primera vez, el "Día Internacional por la Justicia Social", promovido por la ONU y aprobado en su Resolución A/62/L.15 del 2007, en la que se fija la fecha 20 de febrero como un día especial en el que los Estados Miembros deben dedicar esta fecha a promover a nivel nacional, actividades concretas que se ajusten a los objetivos y las metas de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y el vigésimo cuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General.
La Asamblea General, reconoció que la atención del desarrollo y justicia social son necesarios para el logro y mantenimiento de la paz, así como de la seguridad mundial e invito a los 192 Estados miembros, en los cuales se encuentra México, a dedicar esta jornada especial a la promoción de actividades nacionales conforme con los objetivos y los fines de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada en Copenhague en marzo de 1995, donde los gobiernos expresaron la voluntad de considerar la erradicación de la pobreza, el objetivo del pleno empleo y el fomento de la integración social como las metas más importantes del desarrollo.
Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advirtió que tanto México como los gobiernos de todos los países de la región, quienes funda sus políticas en la reciente crisis financiera global, tienen no solo la necesidad si no la obligación de asegurar la justicia social y los derechos humanos en el diseño de políticas y programas para estimular el crecimiento económico.
En opinión del organismo de Naciones Unidas, la justicia social aboga por el derecho de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, mediante la remoción de los obstáculos que perpetúan la desigualdad.
Bajo este contexto es importante establecer que si la justicia social se sustenta en valores de equidad, igualdad, el respeto a la diversidad, el acceso a la protección social y aplicación de los derechos humanos en todas las esferas de la vida, las políticas de los actuales gobiernos, en particular hablando del gobierno de México, deben incluir el respeto y cumplimiento de los derechos humanos fundamentales como lo son alimentación, salud, vivienda educación y empleo bien remunerado, y no se deben limitar a ser políticas paternalista, que lo único que logran es el estancamiento del desarrollo económico, político y social de un país, toda vez que la entrega de pequeños apoyos económicos a la gente mas desprotegida que no cuenta con los medios necesarios para educación, alimentación, vivienda, salud y uno de los derechos humanos mas importantes para lograr la justicia social que es el trabajo bien remunerado, lo único que trae por resultados, es continuar con el escenario de la injusticia social donde la característica es la pobreza, el desempleo y la desigualdad social, como es el caso de muchos núcleos de población que aun tiene México en estas condiciones.
Por lo tanto, es responsabilidad de los Estados miembros entre ellos México, eliminar estos obstáculos mediante políticas públicas que creen las condiciones necesarias para que se desarrolle una sociedad igualitaria en términos económicos, sociales y culturales, y con ello lograr que la celebración del día mundial de la justicia social no solo se convierta en una fecha mas de calendario cuya esencia no se ha cumplido y solo sirva de un tema mas de discurso político, sino en realidad sea una celebración que se realice ejecutando por parte de nuestros gobernantes acciones reales y concretas encaminadas a lograr que toda la población mexicana sin distinción de situación económica, social y cultural goce de los derechos humanos que le corresponden y que hasta la fecha no podemos decir que lo hacen, y con ello contribuir a los esfuerzos de la comunidad internacional en el terreno de la erradicación de la pobreza, el fomento del pleno empleo y el trabajo digno, la igualdad de género y el acceso al bienestar social y la justicia para todos y realmente celebremos la existencia del día mundial de la justicia social.
*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
* Profesor-Investigador del Doctorado en Derecho del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla.


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EL DERECHO HUMANO A ALIMENTARSE, COMO COMPROMISO EN CAMPAÑAS ELECTORALES

DR. JULIÁN GERMÁN MOLINA CARRILLO*

En columnas anteriores hemos establecido que el derecho humano a contar con los medios idóneos para alimentarse, es uno de los más cuestionados a nivel nacional e internacional, precisamente por la problemática de su exigibilidad, que los diferentes Estados nacionales han planteado como un conflicto de intereses en el cual, se enfrentan los intereses colectivos con los individuales, ya que de acuerdo al régimen de gobierno, no es posible garantizar plenamente su vigencia y sobre todo su protección.

De acuerdo a la opinión de Alicia Carriquiborde, Directora de la Organización no gubernamental Fiah-México, el derecho humano a alimentarse radica en la “posibilidad de los seres humanos de acceder a una alimentación adecuada, de manera sostenible, culturalmente aceptable y con respeto a la dignidad humana.”

De igual forma, hemos establecido que en el marco del derecho internacional, la Declaración de Derechos Humanos (1948), establece en su artículo 25 que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que asegure, a sí como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación.”
En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 11, se estableció el derecho a la alimentación como parte esencial del derecho a una vida digna.

Por lo tanto, respecto a la normatividad de este derecho, es evidente que existen diferencias, entre lo que establecen los instrumentos de carácter internacional y lo que señalan las Constituciones de los diferentes países, que muchas veces solo se han limitado a proteger la producción de alimentos y las actividades agrícolas; es por ello que los instrumentos internacionales, se han convertido en los instrumentos de apelación más importantes para exigir el cumplimiento de este derecho, sobre todo en los países que han ratificado dichos instrumentos y por ende se han comprometido a cumplirlos.

En el caso de la Constitución mexicana, es bien sabido que no existe como tal reconocido el derecho humano a alimentarse, ya que actualmente el texto constitucional es exclusivo a mencionar el derecho a alimentarse a los niños y niñas, dejando desprotegidos a amplios sectores de la sociedad que, sin esa elemental garantía de subsistencia, ven negada su posibilidad de disfrutar de otros derechos, convirtiéndose en sujetos pasivos a todo esfuerzo de desarrollo nacional, toda vez que el párrafo sexto y séptimo del artículo 4º. De la Constitución, establece: “Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.”

Bajo este contexto, y ante la alarmante situación que vivimos, países como Haití a nivel internacional, y varios estados de la Republica Mexicana, debido a desastres naturales; y en un escenario totalmente electoral, es preocupante que el Estado no asuma ninguna obligación especifica, lo que significa que no asume ningún compromiso, ni obligación de atender el derecho a la alimentación como tal, ni en beneficio de los niños, ni de los grupos vulnerables (discapacitados, adultos en plenitud, víctimas de desastres naturales, etc.).

Tragedias como la ocurrida en días pasados en Haití, e inclusive la situación que varios estados de la Republica Mexicana sufrieron y sufren a causa de las lluvias y frentes fríos ( incomunicación, heladas de cosechas que eran su medio de alimentarse etc.), así como las campañas políticas que están iniciándose en nuestro país; en las cuales ninguna nos garantiza que contaremos con la protección constitucional de este derechos básico; nos plantean la interrogante de saber, hasta donde llega la obligación del Estado, de proporcionar alimentos a tantas personas que resultaron afectadas y que perdieron su patrimonio por estos desastres naturales, así como de comprometerse a que nuestros políticos en campaña asuman de manera seria este compromiso, será hasta que ganen las elecciones o en caso de desastres naturales hasta que salgan de esa situación o hasta que deje de fluir la ayuda humanitaria que miles de mexicanos hemos enviado a ese lugar, es por ello que el derecho humano a la alimentación, no puede dejarse a la caridad o al arbitrio de las autoridades en turno, sino elevarse a rango constitucional.
*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
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COLUMNA: SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS INTERNADAS EN HOSPITALES PSIQUIATRICOS.

DR. JULIAN GERMAN MOLINA CARRILLO*
En artículos anteriores hemos hecho referencia a la discapacidad y los derechos de las personas que la viven, sin embargo de manera decepcionante hemos establecido que a lo largo de la Historia Humana, la discapacidad en sus diversas manifestaciones ha sido objeto de discriminación, y que tal marginación ha sido una constante desde la antigüedad hasta nuestros días, colocándolos en los estamentos inferiores de las sociedades del Medievo, del Renacimiento y de las Época Moderna y en la mayoría de los casos en la época Contemporánea, en las cuales no había, ni hay más horizonte para ellos que la dependencia, el sometimiento y en el mejor de los casos el compasivo proteccionismo de los gobiernos y de la mayor parte de la sociedad.
Además, como bien se sabe los Derechos Humanos como las facultades que tenemos los seres humanos por el solo hecho de serlo, son inherentes a la persona humana y le permiten vivir y desarrollase en condiciones de dignidad, por lo tanto, no distinguen condiciones económicas, físicas, mentales o sociales, toda vez que la diversidad de estas no limita a ninguna persona de su condición de ser humano y de sus derechos como tal, los cuales les garantizan condiciones de vida digna, en virtud de que Los Derechos Humanos se fundamentan en valores elementales como: la vida, la igualdad, la libertad, la seguridad, el desarrollo y la paz, entre otros.
Bajo ese contexto, es obligación de los gobiernos de todos los niveles, garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos de todos los ciudadanos, como su principal funciona, de ahí, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales reconocen derechos a todas las personas, sin embargo y pese a los grandes acontecimientos sociales el mapa global en la realidad demuestra que no todos los gobiernos cumplen con esta misión, y en México como en diversos países del mundo existen grupos en situación de vulnerabilidad entre ellos se encuentran, sin duda las personas con discapacidad, y mas aun las personas con alguna enfermedad mental.
En ese contexto, el presente articulo lo hemos destinado a este grupo de personas, cuya condición es aun mas alarmante, toda vez que el 80% de ellas no viven dentro de su núcleo familiar, pues se encuentran internadas en algún hospital psiquiátrico.
Como ya hemos mencionado, de acuerdo con datos actuales de la ONU, existen en el mundo alrededor de 600 millones de personas con discapacidad, de las cuales cerca de 400 millones padecen desordenes mentales y males neurológicos, además cerca de 288 millones están afectados por problemas ligados al alcohol y 60 millones sufren retardo mental.
En este rubro, y debido a las precarias condiciones de mas del 80% de los Hospitales Psiquiátricos del mundo y en especial de los que se encuentran en los países subdesarrollados, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó a los gobiernos de todo el mundo que sustituyan los hospitales psiquiátricos por centros de atención comunitaria, los cuales deberían "estar respaldados por camas psiquiátricas en los hospitales generales", según consta en su 'Informe sobre la salud en el mundo 2008, Salud Mental'.
Según la OMS, los servicios de salud mental deben procurarse en la comunidad antes que en instituciones y hospitales psiquiátricos ya que la atención comunitaria se traduce en mejores resultados terapéuticos y en una mayor calidad de vida de los individuos afectados por trastornos mentales crónicos, que además de vivir en una sociedad que los marginan, padecen graves violaciones a sus Derechos Humanos, toda vez que al encontrarse internados en alguna modalidad de clínica psiquiátrica, las autoridades ignoran que aun permaneciendo en ellas le deben de garantizar la procuración y respeto de sus Derechos Humanos.
Bajo ese contexto, la OMS hace diez recomendaciones a los países, para mejorar la salud mental, entre ellas destaca la dispensación de tratamiento en Atención Primaria, que, según la OMS, "permitirá facilitar y acelerar el acceso a los servicios para el máximo número de personas" así como asegurar la disponibilidad de medicamentos psicotrópicos, toda vez que en diversos países del mundo, incluyendo México, uno de cada cuatro países no disponen de los tres medicamentos que más se prescriben para tratar la esquizofrenia, la depresión y la epilepsia en el nivel de atención primaria y en más de la mitad de los países del mundo sólo hay un psiquiatra por cada 100.000 habitantes.
La OMS recomienda asimismo a los gobiernos que realicen campañas de educación y sensibilización pública sobre la salud mental para reducir los obstáculos al tratamiento y la asistencia fomentando la toma de conciencia respecto a la frecuencia de los trastornos mentales, su tratabilidad, el proceso de recuperación y los derechos humanos de las personas afectadas por esos trastornos, por este motivo, la OMS señala que las comunidades, las familias y los consumidores deben participar en la planificación y el desarrollo de políticas y programas dirigidos a la salud mental.
No obstante lo anterior, es importante resaltar la necesidad de que aumentar los presupuestos dedicados a la salud mental en la mayoría de los países, incluyendo México, para asegurar una acción 'seria y sostenida', así como desarrollar los recursos humanos y mejorar su formación a todos los niveles, que garanticen el respeto a los Derechos Humanos que le asisten a todos los seres humanos, incluyendo los que se encuentran internados en una Hospital Psiquiátrico, toda vez que actualmente un 33% de los países asignan menos de un 1 por ciento de su presupuesto sanitario total a la salud mental, y otro 33% dedica sólo un 1% a ese componente de la salud.


*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
Profesor-Investigador del Doctorado en Derecho del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla.

¿UN NUEVO OMBUDSMAN NACIONAL, MÁS DE LO MISMO?

DR. JULIÁN GERMÁN MOLINA CARRILLO.*

Finalmente, este día cinco de noviembre, el Senado de la República nombró al nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, recayendo la designación en el Dr. Raúl Plascencia Villanueva ,quien se venía desempeñando como Primer Visitador General de la Comisión y quien contó con el respaldo del aún titular de la Comisión el Dr. José Luis Sóberanes Fernández que ha sido el único ombudsman nacional que ha ocupado el cargo en dos períodos.
La designación del nuevo titular del organismo, seguramente no dejará satisfechos a muchos de los participantes en el proceso que contaban con mejores credenciales para aspirar al cargo y ello se debe en gran medida a que el método para la designación sigue siendo muy cuestionado, sobre todo porque, fueron los partidos políticos representados en el Senado y los grupos parlamentarios los que finalmente tomaron la decisión cupularmente, sin tomar en cuenta la opinión de quienes ilusamente pensaron que respaldando a un candidato era suficiente para que los Senadores analizaran su propuesta; al igual que los ciudadanos comunes y corrientes como usted estimado lector y un servidor tampoco fuimos tomados en cuenta en este proceso, como ha venido ocurriendo en otras decisiones de los legisladores, tal es el caso de la reciente aprobación del presupuesto de ingresos del próximo año. Nuestros Senadores una vez más nos demuestran que una vez que obtienen el voto y pasan a “representarnos”, se deben a los intereses de su partido y no a los intereses de los ciudadanos, debido a que al emitir su voto, lo hacen a título personal.
Muchos son los retos que deberá enfrentar el nuevo ombudsman nacional, en un momento crucial para la vida de nuestro país con una grave crisis económica, aumento de la delincuencia, la corrupción de los cuerpos policiacos, el desempleo, la impunidad y el narcotráfico que se ha ido incrementando rebasando las labores de las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia, así como con un ejercito debilitado y con un alto número de denuncias en su contra por violaciones a los derechos humanos de los civiles.
A nivel internacional, el nuevo ombudsman deberá intentar salvar el prestigio de nuestro país ,que hoy como nunca en su historia enfrenta diversas quejas y denuncias por violaciones ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana, colocándolo dentro del grupo de los países que tienen más denuncias y se encuentra sujeto a investigaciones y ha recibido recomendaciones..
La gestión de José Luis Soberanes al frente de la CNDH será recordada como una gestión de claro-obscuros, porque no tuvo un desempeño a la altura de lo que demanda la sociedad mexicana; sus nexos con el Poder político y sobre todo su falta de autoridad para asumir una postura crítica y de auténtico defensor del pueblo ,quedó demostrada en casos como el de Ernestina Ascencio ,Indígena de Zongolica asesinada según se dijo por elementos del ejercito mexicano; su postura –

Respecto a la despenalización del aborto en el Distrito federal y la falta de atención y seguimiento oportuno a las diversas quejas interpuestas en contra del ejercito ,dentro de la lucha contra el narcotráfico; las denuncias por violaciones a derechos humanos de comunicadores y periodistas y casos tan graves como los de los migrantes y la discriminación de que siguen siendo objeto por autoridades de los Estados Unidos.
Se abre un nuevo capítulo en la historia de la CNDH, esperamos por el bien de México, que el nuevo titular tenga la sensibilidad y criterio suficientes para enfrentar a quienes abusan del poder, pero también para que impulse las reformas necesarias tanto a la ley del organismo, como en la esfera de las legislaciones de los Estados de la República ,para que realmente exista la garantía del respeto y vigencia de los Derechos Humanos sólo de esa forma se justificará el enorme presupuesto con que cuenta el organismo y que no se compara con los de otros países a nivel mundial, de no darse cambios sustanciales en la materia, seguiremos padeciendo durante los próximos cuatro años, más de lo mismo.

*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
Profesor-Investigador del Doctorado en Derecho del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla.

EL ACCESO A INTERNET COMO UN DERECHO HUMANO

DR. JULIÁN GERMÁN MOLINA CARRILLO.*
Es indudable que en cada discurso político nuestros gobernantes hablan de su trabajo constante para lograr el desarrollo económico y social de la población y en consecuencia de la Nación, a través del reconocimiento y ejercicio de sus derechos, pero es importante cuestionarnos, ¿Qué significa para ellos desarrollo económico y social de la población, y cuales son los derechos a que se refiere?, porque si bien es cierto el desarrollo del país y de la población en general necesita asegurar derechos tales como vivienda, educación, alimentación y salud entre otros, también lo es que su desarrollo necesita además el apoyo suficiente a la población para lograr una educación, cultura y medios laborales que el proceso de globalización exige.
Bajo este contexto, medios que para nuestros gobernantes parecen un lujo innecesario, como lo es el Internet, en la actualidad para muchos mexicanos que se encuentran en el ámbito laboral y educativo es indispensable como herramienta de trabajo y estudio, toda vez que es el único medio real y accesible para conectarse no solo con la información trascendental de nuestro país sino del mundo entero.
En efecto, en la actualidad el Internet es un espacio público global que debe ser abierto, asequible y accesible para todas las personas, toda vez que si bien es cierto cada vez son más quienes acceden a este espacio, muchos ciudadanos siguen excluidos y al igual que el proceso de globalización con el cual está estrechamente ligado, la expansión del acceso a Internet sucede en forma desequilibrada y suele exacerbar las desigualdades sociales y económicas, pues indudablemente en México solo las personas con los medios económicos suficientes cuentan con una computadora y por ende con Internet, por lo tanto para eliminar esta desigualdad algo que deben reconocer las autoridades de nuestro país es que el internet como otras tecnologías de la información y de la comunicación pueden ser una poderosa herramienta de movilización social, de desarrollo, resistencia a la injusticia, expresión de diferencias así como creatividad, y por lo tanto su acceso debe ser garantizado y reconocido como un derecho necesario para el desarrollo individual y del país, como es el caso de Finlandia que es el primer país en convertir en un derecho para su población el acceso a Internet, donde no es que el acceso sea gratis sino que la ley garantiza a los finlandeses a poder tener acceso a señal de internet como un derecho exigible.

Este es un paso importantísimo que demuestra el avance del internet, el cual debe ser entendido ya no como un privilegio sino como un derecho.
El impacto de esta norma y de leyes similares que seguro van a darse alrededor del mundo, es muy importante para cualquier ámbito, dado que se pone de manifiesto lo que insistentemente se ha venido señalado, una idea de negocios, de educación o comercio que no tiene acceso al internet dentro de su plan de negocios sencillamente es una idea anacrónica.
En este orden de ideas es muy importante que nuestros gobiernos estatales y locales así como el federal, comprendan que son mayores los beneficios fiscales que podrían generarse privilegiando el acceso a Internet que gravándolo de manera directa, pues con el uso generalizado de la red entre la población existirá mas comercio, mas información y mejor educación, todo lo cual redunda en una mejora de la capacidad económica de la sociedad y naturalmente en una mayor recaudación fiscal por parte del estado a mediano y/o a largo plazo, para que de esta manera hombres y mujeres que tiene grandes capacidades científicas y tecnológicas en todos los ámbitos de la economía puedan tener acceso a una educación y todos los medios necesarios de preparación para estar al rango competitivo de cualquier persona de otra nación, pues el talento y capacidad de la población mexicana se tiene, ahora lo que se necesita es el apoyo de nuestros gobernantes para lograr objetivos de calidad que realmente logren llevar a México a un desarrollo económico y social y no solo seguir con las políticas paternalistas que encubren la mediocridad en las que las autoridades mexicanas quieren que la población siga inmersa.



.*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
Profesor-Investigador del Doctorado en Derecho del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla.