SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS

LA CULTURA DE LA LEGALIDAD COMO BASE DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
DR. JULIAN GERMAN MOLINA CARRILLO*
Al inicio de su gestión, en lo que el mismo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos llama “Su nueva etapa”, anuncio que buscaría dejar muy en claro que este Organismo esta para defender los derechos de las victimas del delito y los derechos de las victimas del abuso del poder.
Para lograr lo anterior, prometió que se mantendría un contacto muy cercano con los medios de la sociedad, con los organismos no gubernamentales y con toda aquella persona que desee colaborar para lograr este objetivo.
De igual forma el organismo considero que la protección de los derechos requiere crear conciencia en la sociedad e incidir en los servidores públicos, para que ante el actuar social y personal se anteponga el cumplimiento de la ley y el respeto de la dignidad humana.
En discurso para esta nueva dirección de la CNDH, es necesario impulsar una CULTURA DE LA LEGALIDAD, con una nueva generación de normas, en las que el respeto a la ley y a los Derechos Humanos sean la directriz de actuación en el servicio público y el cumplimiento de los deberes de las personas de convivencia entre autoridades y particulares.
El programa que en teoría resulta funcional, resultaría de vital importancia y se convertiría en la base de un futuro mejor en el cumplimiento y respeto a los derechos humanos de los mexicanos, si en realidad es observado y acatado principalmente por las autoridades, en virtud de que, promover la legalidad y el fortalecimiento de las instituciones, así como el Estado de Derecho, es un deber primordial de los gobiernos del continente y del mundo, sobre todo en México en las que se han registrado altas tasas de criminalidad y corrupción.
A través de la promoción de una cultura de la legalidad se inculcan en las sociedades valores necesarios para vivir en armonía y paz; además, se asegura que los órganos del Estado estén y actúen respetando la ley, la legalidad es un principio que todos, gobernantes y gobernados sin excepción, debemos acatar, como afirma Alain Turein en ¿Podemos vivir juntos?: “Desde la cotidianeidad, la seguridad ciudadana es indispensable para la convivencia humana”., y ésta sólo se logra con la legalidad, el Estado de derecho, la natural reconciliación y corresponsabilidad.

Unido a lo anterior, es importante resaltar, que mas que un programa de un organismo la legalidad es un factor importante y debe ser observado por todas las autoridades no como un plan de buenas intenciones a futuro, si no como su base de actuación, toda vez que es también un requisito para la democracia, como estipula el artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana, adoptada en Lima, Perú, en el año 2001: “…la democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional”.

Al mismo tiempo, la legalidad, la democracia y el Estado de derecho constituyen condiciones necesarias para lograr la vigencia y el respeto de los Derechos Humanos en una sociedad justa e inclusiva, es decir, crecientemente civilizada, ello incluye el ejercicio de los derechos de participación política, el respeto al principio de la legalidad, la autonomía e independencia del Poder Judicial y la tutela efectiva frente a los actos del poder publico.
Por otra parte, es importante mencionar que el programa “Cultura de la Legalidad” es un programa impulsado por la OEA a través de la CICAD, que busca fomentar el cambio de actitud y comportamiento en estudiantes de 13 a 15 años, se enfoca principalmente a orientar y formar a los estudiantes en el respeto a ley, la participación en la comunidad, la toma de decisiones saludables y el papel que juegan los individuos, los padres, las familias y la sociedad en la solución de los problemas que amenazan a la seguridad publica.
Bajo este orden de ideas, es evidente que la promoción de la cultura de la legalidad es fundamental para abatir las violaciones a Derechos Humanos, mediante el impulso de políticas públicas que generen mas que una conciencia en la sociedad, una verdadera conciencia en nuestros gobernantes, toda vez que si bien es cierto, es de vital importancia que miembros de la sociedad civil tengamos un verdadero conocimiento de nuestros derechos y obligaciones, mismo que en la actualidad si poseemos” , también lo es, que es mas importante para el respeto a los Derechos humanos es que nuestros gobernantes, es decir nuestras autoridades, tengan muy en claro los derechos que le asisten a los ciudadanos, en virtud de que las violaciones a estos, se dan cuando ellos vulneran los Derechos Humanos de un miembro de la sociedad y no es la sociedad la que vulnera entre los particulares los Derechos Humanos.
*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
* Profesor-Investigador del Doctorado en Derecho del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla.

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SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS

VIABILIDAD DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL QUE DOTARIA A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA FACULTAD DE INVESTIGACION (I)

DR. JULIÁN GERMÁN MOLINA CARRILLO*

El pasado 8 de abril, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, el proyecto contempla modificaciones a los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La reforma constitucional es un asunto pendiente y exigido no sólo por las Organizaciones de Derechos Humanos desde hace años, es un tema señalado reiteradamente por Organismos Internacionales (entre ellos la Organización de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano) como indispensable para cambiar la terrible realidad de los Derechos Humanos en el país, no debemos olvidar que 2009 fue un año de importante actividad legislativa en materias electoral y energética, y que el tema de Derechos Humanos quedó como un pendiente, a pesar de que, a fines de la anterior legislatura, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de reforma en la materia, en aquel momento nos dio la impresión que dicho proyecto (aprobado en abril de 2009) se había realizado sin un verdadero compromiso de los legisladores con los Derechos Humanos.
Ese texto, impulsado en 2009 por la Secretaría de Gobernación, proponía reformar los artículos 1, 11, 33, 89 y 102, y a pesar de contener aspectos positivos, resultaba deficiente no sólo por lo limitado de la propuesta, sino porque resultaba contradictorio en su contenido, esto fue notado por los senadores cuando recibieron el proyecto, y desde un principio señalaron que era deficiente y dijeron que tenía pocas probabilidades de ser aprobado en esa instancia, el texto no fue puesto a consideración del pleno de la cámara alta y los senadores trabajaron en una propuesta propia de reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, en la que participaron las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y la de Reforma del Estado.
La propuesta de reforma, aprobada ya en el Senado y que será próximamente discutida en la cámara baja, es más amplia que la aprobada por los diputados hace más de un año, pues aborda modificaciones y adiciones a los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105 de la Constitución, pero puede resultar más controversial al mismo tiempo, toda vez que en ella entre otras propuestas destacan que se reconocería el rango constitucional de los Derechos Humanos en la misma y en tratados internacionales, así como la obligación de respetarlos por parte de las autoridades de todos los poderes y niveles de cuestión, en la que nuestra Constitución resultaba insuficiente, al reconocer únicamente las garantías individuales (redacción aún sujeta a discusiones conceptuales), y otro aspecto que parece sencillo, pero que no es menor, es el último cambio fundamental que en materia de Derechos Humanos contiene esta propuesta, y el cual resulta la propuesta más controvertida, que consiste en la faculta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a realizar las investigaciones sobre hechos que constituyan violaciones graves a los Derechos Humanos, facultad antes reservada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que impide a cualquier dependencia negar información solicitada por la CNDH.
Sin embargo, la gran interrogante es si era necesario incluir este punto o si la CNDH ya tenía esas facultades, y lo mas importante, que tan positivo o viable resultaría dotarla de esta facultad, toda vez que al efecto tendría que atribuírsele el carácter de autoridad, por lo tanto es necesario analizar desde su estructura interna y la forma de elección del Ombusman, hasta los interés políticos que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos podrían existir, para con ello aseguran la eficacia, transparencia y trascendencia positiva de sus resoluciones, en el entendido de que una reforma, aunque sea de carácter constitucional, no basta por sí sola para acabar con las violaciones en el país: se requiere de análisis profundo de sus bases y consecuencias, así como de voluntad política para acatar el compromiso que esperamos que dichas reformas contengan.

*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
* Profesor-Investigador del Doctorado en Derecho del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla.

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