El chapulinismo o chapulinazo, como quiera que pudiera llamarse a este fenómeno, sucede cada cierto tiempo y lamentablemente, los ciudadanos ya nos hemos acostumbrado a observar -y sin reclamar- cómo un diputado local, sin aún concluir con el periodo para el que fue elegido, deja todo para ser diputado federal.
Tenemos los casos emblemáticos de dos diputadas con licencia: el de la priísta Beatriz Paredes Rangel, quien competirá por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y el de Josefina Vázquez Mota, quien se separó de sus actividades legislativas para lograr la candidatura del PAN a la Presidencia de la República en las elecciones que están en puerta.
La leyenda que se plasma al final de cada escrito emitido por cualquier institución del Estado: Sufragio efectivo, no reelección, realmente nos lleva a pensar que carece de importancia, pues aunque un representante haya sido votado para desempeñar su encargo durante determinado tiempo (y aunque no pueda ser elegido para el mismo “puesto” para el periodo inmediato) es bien sabido que fácilmente un político de carrera puede emplearse en otro cargo popular, por ejemplo, convertirse en senador, aunque en el proceso anterior haya sido favorecido por el electorado para ser diputado.
En la recta final de la presente Legislatura, tenemos que 126 diputados ya solicitaron o están por pedir licencia para postularse a otro cargo de elección popular y 36 senadores andan por las mismas. Así pues, es palpable que el amplio éxito del chapulín electoral resulta de su gran adaptabilidad y versatilidad; sin embargo, más allá de estas reflexiones, esta especie -que no está en peligro de extinción- está poniendo a prueba nuestras convicciones como ciudadanos y sobretodo como votantes, pues tenemos presente que el trabajo legislativo –como siempre- ha sido dejado de lado, léase las necesarísimas reformas a la Ley de Amparo o el impulso a la Ley de Seguridad Nacional, ¿y todo para qué?, para correr detrás del hueso o del fuero (aunque esto último merece discusión aparte).
Por tanto, es necesaria una reforma electoral que prohíba esta práctica de “brincar” de un cargo al otro, pues el beneficiado deja tirado el cargo para el que fue elegido y se postula a otro, sin haber demostrado su compromiso con los votantes.
Esto es meramente un fraude al cuerpo electoral y una burla a su voto.
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