SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS

INCREMENTO DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS POR MIEMBROS DEL EJERCITO

DR. JULIÁN GERMÁN MOLINA CARRILLO

No obstante que nuestro Derecho a la Seguridad Pública debe ser garantizado por el gobierno, siempre basado en el pleno respeto a nuestros Derechos Humanos, es realmente alarmante que en la practica la situación sea totalmente contraria, y se sigan cometiendo violaciones a los Derechos Humanos por miembro del ejército.

Y más alarmante es que estas violaciones se cometan bajo la bandera de la lucha para combatir y erradicar el crimen organizado, porque si bien es cierto esta lucha es necesaria también lo es que no terminara por arte de magia erradicando en su totalidad el crimen organizado, y por ende estas violaciones a Derechos Humanos continuaran si el gobierno mexicano sigue enarbolando esta bandera.

En efecto, en un nuevo informe presentado por Amnistia Internacional sobre violaciones a Derechos Humanos a manos del Ejército, el organismo resaltó, con base en el número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que estos ilícitos se triplicaron en sólo dos años, situación que se agudizó a partir de que el gobierno de Felipe Calderón incorporó a la milicia en actividades de combate a la delincuencia, lucha en la cual se cometen graves violaciones a Derechos Humanos, toda vez que estas son cometidas durante operaciones militares para combatir la delincuencia organizada y los cárteles de la droga en México.

De ahí que existe un preocupante patrón de crímenes cometidos por el ejército en sus operaciones de seguridad, abusos que tanto las autoridades civiles como las militares de México tratan de negar, ignorar o en el mejor de los casos minimizar.

Otro de los problemas que resalta Amnistía Internacional, es que de los pocos casos de abusos a manos del ejército en los que se ha adoptado alguna medida, son juzgados por tribunales militares prácticamente cerrados donde las víctimas y sus familiares no tienen acceso a la información ni una condición jurídica que les permita recurrir contra las actuaciones judiciales o las del tribunal, situación que genera falta de independencia e imparcialidad de los procuradores y tribunales militares lo que ha desembocado en reiteradas ocasiones en la denegación de justicia a las víctimas y la impunidad para los perpetradores, abusos que tal y como lo declara Kerrie Howard miembro de Amnistía Internacional, contribuyen al deterioro de la situación de la seguridad en México, al no adoptar medidas para prevenir y castigar las violaciones graves de Derechos Humanos.

En este orden de ideas, es evidente que México afronta una importante crisis de seguridad pública y el Gobierno tiene claramente responsabilidad de combatir la delincuencia organizada y los cárteles de la droga con todos los medios legales a su alcance, tarea difícil y peligrosa, pero no se debe usar de la gravedad de una crisis como pretexto para no ver cuando se cometen abusos, que trasciendan en graves violaciones a los Derechos Humanos de los ciudadanos, que ni las reformas constitucionales, ni el incremento a las quejas en materia de Derechos Humanos resolver, toda vez que el problema medular es el abuso de autoridad que estos servidores públicos cometen aun traspasando el marco de la ley.

Bajo este contexto, es fundamental que el gobierno y las autoridades militares reconozcan la magnitud y gravedad de las violaciones de Derechos Humanos perpetradas por el personal militar en el desempeño de operaciones de seguridad pública en los últimos años, y que actúen rápidamente para invertir esta tendencia y proteger su credibilidad, aceptando que las violaciones a los Derechos Humanos nunca pueden considerarse actos de servicio sujetos a los procedimientos de la disciplina militar, y de esta forma reconocer que la formación del personal militar no es suficiente por sí sola para evitar y poner fin a los abusos.

La transparencia y la rendición de cuentas son también fundamentales, y estos elementos sólo pueden garantizarse mediante investigaciones independientes e imparciales llevadas a cabo por el sistema de justicia civil y de acuerdo con las normas internacionales de Derechos Humanos sobre juicios justos, además de que el sistema judicial militar debe evitar abrir y llevar a cabo investigaciones sobre informes de violaciones de Derechos Humanos solo cuando así lo recomienda la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en lugar de efectuar una función suplementaria de vigilancia no judicial, porque al lograr lo anterior, los miembros del ejercito que pretendan cometer un abuso de sus funciones lo pensaran dos veces al saber que no están protegidos por sus propios superiores y su régimen es realmente estricto, publico e imparcial con ellos.

Por tal motivo, es urgente hacer un llamado a las autoridades mexicanas que reconozcan la gravedad y escala de las denuncias de abusos contra los Derechos Humanos cometidos por miembros del ejército, así como el grado de complicidad de las autoridades civiles en el encubrimiento de estos abusos, y que conviertan esta cuestión en una prioridad del Gobierno, para que adopte medidas de inmediato que garanticen investigaciones rápidas e imparciales a cargo de las autoridades civiles a fin de que los responsables comparezcan ante los tribunales civiles y las víctimas reciban una reparación, y con ello evitar que el delito se siga combatiendo con mas delito.