La publicidad engañosa de los productos milagro

Cuando empresarios, ejecutivos de mercadotecnia y publicistas se proponen desarrollar una campaña publicitaria que sea impactante, original y persuasiva para incrementar sus volúmenes de venta u obtener un determinado resultado a corto plazo, deben tener mucho cuidado de no utilizar mensajes que para captar la atención del público objetivo o para persuadirlo más eficazmente, induzcan al error al destinatario afectando un determinado comportamiento, como el económico, porque esa práctica se conoce como "publicidad engañosa".

Esta práctica es utilizada para vender “productos milagro”, lo cual significa un engaño y un riesgo sanitario para los consumidores, pues prometen, mediante publicidad distorsionada, curar enfermedades y padecimientos de manera inmediata y sin ningún esfuerzo.

No obstante, existen más de 21 mil marcas de esas mercaderías que se siguen comercializando fuera de control en farmacias, centros comerciales y tiendas, y su publicidad es vista por casi 112 millones de personas en México y 50 millones en Estados Unidos, significando un gran negocio para sus promotores.

De cualquier forma, en nuestro país podemos decir que se ha logrado un gran avance para tratar de erradicar los milagros prometidos, pues en diciembre del año pasado, se llevaron a cabo reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en el sentido de multar a las empresas que anuncien de manera engañosa y abusiva. Así pues, las multas pasaron de 1.2 a 2.3 millones de pesos y para casos considerados como graves, la cantidad podrá ascender hasta de 3.3 millones. También se contempla la clausura del establecimiento y aquéllas empresas que sean reincidentes en hacer publicidad engañosa podrán ser sancionadas con el 10% de los ingresos anuales obtenidos por la comercialización del producto o servicio anunciado.

Esta reforma faculta a la PROFECO para requerir información a cualquier empresa sobre la publicidad que se considere engañosa, pues con anterioridad, las empresas podían negarse a proporcionarla si demostraban que esta era de estricto uso interno y con este argumento dejaban de entregar datos que eran importantes para determinar si un anuncio podía o no considerarse engañoso. Cabe señalar, que dicha dependencia también contará con herramientas para analizar no sólo las frases de un comercial específico, sino el contexto, momento y circunstancia en que los mensajes son transmitidos.

Asimismo, se llevaron a cabo reformas a la Ley General de Salud, las que establecieron como sanción para la publicidad engañosa, multas hasta de 5% de las ventas anuales obtenidas por productores y distribuidores de remedios herbolarios, suplementos alimentarios o cosméticos que se promocionen como milagrosos, y se procederá a su aseguramiento.

Sin embargo, diversas empresas promovieron amparos para impugnar el nuevo reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad, vigente desde el 2 de marzo de este año, en particular, se quejaron sobre la prohibición de difundir en los medios de comunicación mensajes de productos milagro, pues la inconformidad planteada en casi todos los amparos, es por el planteamiento previsto en el numeral 10, fracción XIV de ese reglamento, que señala que de persistir el propósito de los anunciantes de productos milagro, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFERPIS) puede imponer multas que podrían ascender a un millón 40 mil pesos, de ahí que los quejosos señalaron que el ordenamiento viola la garantía de libertad.

De estos avances, podemos decir que los legisladores, por lo menos desquitaron en algo su salario, pero debo señalar que hace falta ir más allá, es decir, lo que ahora se debe hacer es erradicar los avisos clasificados que promuevan la explotación sexual, pues estos no son más pantallas para promover la trata de personas y la discriminación.

Redes sociales y elecciones

Tuiteo, luego existo

Si bien podríamos decir que las redes sociales son herramientas sumamente eficientes para proyectar información y captar las necesidades de la población, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, su influencia se ve limitada por el bajo acceso a la Internet entre la población. De acuerdo con un estudio publicado por la consultora Ciberpolítica, los medios de información presentes en internet van ganando espacios importantes en muchos países, de los cuales México no está excluido.

En palabras de la compañía, “en México los ejes informativos tradicionales siguen teniendo una presencia mayoritaria, aunque los blogs, las páginas de internet y las redes sociales se han convertido en medios imprescindibles para segmentar y elegir claramente a qué nicho poblacional se quiere llegar directamente”.

Se diría que en este proceso electoral, las redes sociales serían de mucha ayuda para difundir las plataformas electorales y captar votantes, sin embargo, la presencia de los candidatos en la red sólo ha servido para magnificar sus errores, tales como el de Peña Nieto al no contestar sobre cuáles han sido los tres libros que marcaron su vida o el de Josefina Vázquez Mota al mencionar textualmente que "fortalecerá el lavado de dinero". Pifias que a su vez, fueron retomadas por los noticieros televisivos, de radio, y los portales de internet de los medios de comunicación.

Si bien, un  gran número de jóvenes todos los días navegan en estos sitios, la interacción con los candidatos sólo se ha limitado para ser catalogados como sus seguidores, sin ir más allá de propuestas o la exposición de problemas, con la consecuente respuesta. El desafío aquí, es convertir esos apoyos en votos, sobre todo para la contienda presidencial, aunque Raúl Trejo Delarbre diga que estos son más bien espacios para afianzar convicciones, no para convencer.

No obstante, tenemos el contraste de que aún cuando haya 11.2 millones de usuarios de redes sociales mayores de 18 años, versus los 80 millones de electores en lista nominal, una buena propuesta o un mal comentario en redes, pueden llegar a millones de personas rápidamente y más si es trasmitido por la radio y la televisión, la moraleja aquí es hasta donde los comentarios de las redes sociales pueden influir en forma determinante en el resultado de las elecciones, toda vez que el IFE no tiene forma de controlar la información que se maneja en las mismas.

México, país de pobres

Los datos definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010 arrojaron un total de 112 millones 336 mil 538 mexicanos. Con este resultado, México se coloca en el onceavo lugar a nivel mundial por el número de habitantes, de los cuales 51.2 por ciento son mujeres y 48.8 por ciento hombres.

Según estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con base en el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, en nuestro país existen 52 millones de pobres, lo que equivale al 46.3% de la población.

Bajo esta premisa, resultaría muy obvio que las políticas públicas tanto del Gobierno federal como de las administraciones estatales y municipales se avocaran a erradicar este “fenómeno” de manera integral y permanente, pero eso estimado lector, son puros sueños guajiros.

En efecto, México es rico en pobreza, pues gran parte de la población vive en esta situación, en contraste, la lista de mexicanos en Forbes sigue creciendo, así como de sus millones, pues esa ofensiva riqueza de unos pocos aumentó brutalmente en los últimos años y ello, es el reflejo de la enorme desigualdad o segregación social brutal que hay en el país. Con esos niveles de desigualdad no podemos esperar otra cosa más que lo que estamos viviendo, una escalada de inseguridad y violencia que crece día a día, sin que ninguno de los partidos políticos o candidatos encuentren la fòrmula para acabar con estos flagelos sociales.

¿Dos terceras partes de la población está en pobreza, 12 multimillonarios en la lista de Forbes? Los contrastes obligan a pensar en la posibilidad de un estallido social. Este cuestionamiento siempre ha rondado en mi cabeza y quisiera realmente que en lugar de una revuelta, se efectuaran los cambios y las reformas legislativas que se requieren.

Además que nuestros representantes populares tuvieran la decencia de ponerse a trabajar, pero sobre todo que se apliquen penas más severas a quienes han ocupado cargos públicos para enriquecerse a costa del erario y de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos.

Las lecturas actualmente son en el sentido de que los cargos solo sirven para aprovecharse del presupuesto y no para ayudar al país a salir de sus grandes problemas y desigualdades. El día que en México se encarcele a los corruptos, se iniciará la construcción de un nuevo modelo de gobierno donde los funcionarios se pongan en los zapatos de los más pobres y marginados al tomar decisiones, un buen ejemplo lo pusieron los nueve consejeros electorales del IFE que no recibirán un bono equivalente a dos meses de salario bruto por la carga laboral que enfrentarán con motivo del proceso electoral.

Lo mejor de todo es que los encargados de la organización de las elecciones entraron en cordura y no recibirán dinero extra por un trabajo que de por sí deben realizar.

La Fepade y su falta de credibilidad

Hace algunas semanas, el presidente Calderón presentó como pruebas de la presencia de la delincuencia organizada en el proceso electoral de Michoacán un desplegado publicado en el diario de La Piedad de Michoacán y una grabación en la que un supuesto narcotraficante amenaza con represalias de muerte a quienes votaran por el PRD en la población de Tuzantla.

El tema llegó hasta las oficinas del entonces titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), José Luis Vargas. Desde Los Pinos se le pidió al ex fiscal que firmara documentos que había sobre la presunta intromisión del narco en la elección; sin embargo, él los consideró sin sustento y ante su negativa de firmar, fue despedido -a tan sólo cuatro meses antes de las elecciones federales-despido que se dio sin mediar explicación alguna.

Hace unos días, Enrique San Román de la Torre, subdirector de Participación Ciudadana de la fiscalía, señaló que en 2011 –precisamente cuando José Luis Vargas era el titular de la dependencia consignó mil 643 asuntos ante tribunales, lo que representó 36% de todo lo consignado en la historia de esa área de la PGR y como resultado, el 92% de las sentencias fueron condenatorias. Bajo estos datos es entonces que me pregunto, ¿cuál es el criterio para despedir sin más ni más a una persona que ha dado buenos resultados y ha colaborado para lograr salvaguardar el buen nombre de la FEPADE? Sin duda se aplicó un criterio político, porque el ejecutivo federal a través de la PGR contrata el trabajo de la fiscalía.

Otra razón que pone en entredicho la eficacia de la FEPADE, es que no transparenta su actuación, pues cualquier persona que quiera verificar en su portal http://www.pgr.gob.mx/fepade/# cuestiones tan básicas como: ¿cuáles han sido los casos más destacados en los procesos electorales en los que ha participado?, ¿cuáles dependencias son las más señaladas en cuanto a la comisión de delitos?, ¿cuáles delitos resultaron en sentencias condenatorias y en qué estados? o ¿en qué dependencias se hace uso de los recursos públicos y de programas sociales para fines electorales?; esto no es posible hacerlo, pues esta página electrónica sólo proporciona información en cifras sin contextualizar los datos, lo que impide efectuar una investigación a profundidad sobre la comisión de delitos electorales en el país.

Aunado a ello, a esta Fiscalía le hace falta dotarla de presupuesto y personalidad jurídica propia, pues parecería natural que la fiscalía facultada para determinar si se cometió o no delito electoral fuera totalmente ajena a las decisiones de la Presidencia de la República. Suena hasta ilógico que la procuración de justicia en el tema electoral dependa del poder Ejecutivo, en un sistema “democrático” que el poder del Presidente en turno le permite utilizarlo para beneficio a su partido.

Aun así, todavía hay tiempo para reformarla y evitar que la institución se convierta en un títere persecutorio de los contrincantes políticos del grupo en el poder; y en su lugar continuar con los procesos de investigación y así sentar un referente oportuno de que no habrá impunidad ante los delitos electorales, lo que abonaría a lograr la credibilidad de lo que hoy carece la FEPADE.

Temporada de chapulines electorales

El chapulinismo o chapulinazo, como quiera que pudiera llamarse a este fenómeno, sucede cada cierto tiempo y lamentablemente, los ciudadanos ya nos hemos acostumbrado a observar -y sin reclamar- cómo un diputado local, sin aún concluir con el periodo para el que fue elegido, deja todo para ser diputado federal.

Tenemos los casos emblemáticos de dos diputadas con licencia: el de la priísta Beatriz Paredes Rangel, quien competirá por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y el de Josefina Vázquez Mota, quien se separó de sus actividades legislativas para lograr la candidatura del PAN a la Presidencia de la República en las elecciones que están en puerta.

La leyenda que se plasma al final de cada escrito emitido por cualquier institución del Estado: Sufragio efectivo, no reelección, realmente nos lleva a pensar que carece de importancia, pues aunque un representante haya sido votado para desempeñar su encargo durante determinado tiempo (y aunque no pueda ser elegido para el mismo “puesto” para el periodo inmediato) es bien sabido que fácilmente un político de carrera puede emplearse en otro cargo popular, por ejemplo, convertirse en senador, aunque en el proceso anterior haya sido favorecido por el electorado para ser diputado.

En la recta final de la presente Legislatura, tenemos que 126 diputados ya solicitaron o están por pedir licencia para postularse a otro cargo de elección popular y 36 senadores andan por las mismas. Así pues, es palpable que el amplio éxito del chapulín electoral resulta de su gran adaptabilidad y versatilidad; sin embargo, más allá de estas reflexiones, esta especie -que no está en peligro de extinción- está poniendo a prueba nuestras convicciones como ciudadanos y sobretodo como votantes, pues tenemos presente que el trabajo legislativo –como siempre- ha sido dejado de lado, léase las necesarísimas reformas a la Ley de Amparo o el impulso a la Ley de Seguridad Nacional, ¿y todo para qué?, para correr detrás del hueso o del fuero (aunque esto último merece discusión aparte).

Por tanto, es necesaria una reforma electoral que prohíba esta práctica de “brincar” de un cargo al otro, pues el beneficiado deja tirado el cargo para el que fue elegido y se postula a otro, sin haber demostrado su compromiso con los votantes.

Esto es meramente un fraude al cuerpo electoral y una burla a su voto.

La pobreza durante los procesos electorales

Año tras año se comenta acerca el índice de indigencia en nuestro país o de lo abandonados que se encuentran los pueblos indígenas, de sus múltiples necesidades y carencias; sin embargo, hasta la fecha ningún gobierno, llámese de izquierda o de derecha, ha implementado una solución integral al problema de la pobreza. Si en algo es rico México todavía es en millones de pobres.

La pobreza de los mexicanos ha sido históricamente canjeable por votos, pues los partidos políticos aprovechan la ignorancia que, en materia política, tiene la clase desprotegida.

Siendo 2012 un año eminentemente electoral, los partidos políticos no intentarán otra cosa que tratar de que los recursos públicos salgan para ser ejercidos del mejor modo posible para beneficiar a sus candidatos. El presente proceso electoral será muy caro. En efecto, las elecciones costarán 180 millones de pesos, unos 15 millones de dólares. Aunque, ese costo solamente incluye todos los insumos necesarios para llevar a cabo la jornada electoral (boletas electorales, tinta indeleble, urnas, etcétera) pero no se contempla el costo por las campañas electorales de los candidatos.

El financiamiento que en 2012 reciben los partidos asciende a 3 mil 300 millones de pesos aproximadamente, unos 254 millones de dólares, que sumados a los costos de la jornada electoral elevarían el costo hasta prácticamente los 270 millones de dólares.

Aun así, la posibilidad de que algunos de los candidatos rebasen los topes de gasto podría poner en duda la legitimidad del proceso mismo y tal como lo afirma Daniel Zovatto: "El financiamiento de los partidos y de las campañas electorales es una de las principales causas de la corrupción política".

Bajo estos números, sólo podemos decir que es vergonzoso el costo de elegir a nuestros representantes, pero lo es más, que no exijamos como mandantes a nuestros mandatarios que cumplan con su trabajo, pues a final de cuentas, para eso fueron elegidos, no para convertirse en nuevos ricos.

SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS

Necesidad de garantizar los derechos sociales en México

Como lo he señalado en colaboraciones anteriores, es evidente que los Derechos Humanos son los derechos que tienen todas las personas a vivir una vida de libertad y dignidad en virtud de su humanidad, su reconocimiento, expresan el compromiso de las Naciones de asegurar que todas las personas puedan disfrutar de los bienes y libertades necesarias para una vida digna.

De tal forma, los Derechos Humanos se dividen en Civiles, Políticos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales todos sin excepción son igualmente necesarios para una vida digna, toda vez que no debemos olvidar que los Derechos Humanos de las personas no se limitan a la protección de su persona como un ser individual, si no que se deben tomar en cuenta un factor primordial que caracteriza al ser humano, el cual es su vida en un entorno social con instituciones políticas, sociales y de gobierno claramente definidas.

En ese contexto es evidente que las Garantías Individuales y los Derechos Sociales o mal denominados Garantías Sociales constituyen los conceptos básicos para el estudio y defensa de los Derechos Humanos, toda vez que en su conjunto engloban las condiciones indispensables para garantizar la vida en condiciones dignas de todo ser humano.

Sin embargo, es evidente que nuestras autoridades han olvidado que la existencia y bienestar de sus gobernados, no se limitan a la protección de su vida, limitando ese concepto a la protección de actos derivados de la delincuencia, como el homicidio, la violación entre otros, sino que va más allá de eso, toda vez que garantizar una vida digna de los ciudadanos, abarca conceptos como el contar con un trabajo digno y bien remunerado, una vivienda, educación etc., derechos que se encuentran amparados en nuestra Constitución Mexicana de 1917, sin embargo no obstante que en teoría, nuestro Estado de Derecho se glorifica de ser protector de los Derechos Sociales de sus gobernados, es evidente que tanto su legislación y mas aun su ejecución y efectividad en el campo de los Derechos Sociales es nula, toda vez que las condiciones de vida de un alto porcentaje de la población en México son deplorables e indefensas, toda vez que carecen de lo mas indispensable para vivir, y no cuentan con los medios legales adecuados para exigir a las autoridades su cumplimiento, existiendo con ello una marcada diferencia entre la clase rica y la pobre.

Por tal motivo es importante cuestionarnos, ¿en que medida nuestro cuerpo legal incorpora los derechos sociales fundamentales, los especifica con claridad y define las garantías sociales que puedan hacerlos efectivos?, y lo mas importante exigir en el campo del respeto a nuestras autoridades la efectiva protección y cumplimiento de los derechos sociales para lograr un nivel de vida digno para toda la población.