DR. JULIÁN GERMÁN MOLINA CARRILLO*
La Trata de Personas antes era conocida como Trata de Blancas, es definida como un delito contra los Derechos Humanos, y por tal motivo y debido a su incremento en nuestro estado y en todo el país, es importante definirla con precisión y conocer la situación que en cuanto a este delito presenta México.
El concepto de trata es la captación, transporte, traslado, o recepción de personas recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza, rapto, engaño, fraude, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual, laboral o de otra índole, considerada como la esclavitud del siglo XXI.
Este Delito consiste en el traslado forzoso o por engaño de una o varias personas de su lugar de origen (ya sea a nivel interno del país o transnacional), la privación total o parcial de su libertad y la explotación laboral, sexual o similar, sin embargo es importante diferenciarlos del trafico ilegal de emigrantes: En primer lugar, porque el objetivo de la trata de personas es la explotación del individuo, mientras que en el tráfico ilegal es el movimiento de un lugar de origen a otro de destino, siendo siempre entre naciones, no teniendo por qué ser así en la trata de personas, ya que se puede producir incluso dentro del país en segundo lugar, porque en la trata de personas la relación con la organización delictiva no finaliza una vez el individuo (víctima) ha llegado al destino, sino que es un proceso que continúa con la explotación del mismo, y en el caso del tráfico ilícito de emigrantes, la relación con la persona beneficiaria del pago finaliza una vez el sujeto ha llegado al país de destino.
Para Mario Luis Fuentes, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, dijo: “la trata de personas es uno de los crímenes sociales más impunes en el país, un crimen que es visible pero se ignora, que no es denunciado y que lamentablemente todos los datos indican que para que se dé, tiene que haber complicidad de autoridades migratorias, judiciales y una enorme tolerancia”.
En el Distrito Federal, la zona de La Merced es uno de los 22 puntos donde existe trata de personas con fines de explotación sexual comercial, otros son circunvalación, Calzada de Tlalpan, la Zona Rosa y la Alameda Central, las victimas en su totalidad son mujeres, menores de edad, originarias de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas y Oaxaca.
Con base en lo anterior, es realmente alarmante que a pesar de que México cuenta con una Ley de trata de personas desde 2007, La Secretaria de Gobernación, con una comisión en la materia y el Congreso mexicano, con su propia comisión de trata, el número de investigaciones y condenas por este delito siguen siendo bajas.
En efecto, es alarmante que a nivel internacional México se encuentre en el quinto lugar en la Comisión del delito de trata de personas, situación que pone en evidencia que en nuestro país sigue habiendo falta de recursos gubernamentales, y sentencias, o castigos severos, e indica que si bien hubo un aumento en la aplicación de la Ley, los esfuerzos fueron desiguales en todo el país y de manera vergonzosa el Informe sobre Trata de Personas 2010, del Departamento de Estados Unidos, publicado el 14 de junio, advierte que para que este delito, no sea castigado de manera puntual, se suma el hecho de que muchos jueces no están familiarizados con las leyes de trata y que por segundo año consecutivo son escasos los resultados de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas a tres años de su promulgación.
En el caso particular de Puebla, no obstante que es uno de los Estados con mayor vulnerabilidad para la comisión de este delito, será hasta el último trimestre del año cuando el Congreso del estado presente y en su caso, apruebe la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en Puebla, delito por el cual existen a la fecha 12 investigaciones abiertas y 47 personas implicadas.
Ante este panorama es urgente que nuestros gobernantes realicen acciones tendientes a combatir este crimen y por lo tanto es urgente que tal y como lo recomienda Organismo Internacionales, México apruebe y ejecute un Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas, que incluya mayor financiamiento y orientación a las agencias federales y gobiernos estatales, investigar y enjuiciar los delitos de trata, incluyendo a los funcionarios públicos que sean cómplices del delito.
*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
* Profesor-Investigador del Doctorado en Derecho del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla.
Sus comentarios son muy importantes, envíelos a la siguiente dirección: http://gmolinacarrillo.blogspot.com/
lunes, 2 de agosto de 2010
lunes, 5 de julio de 2010
SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS
LA CULTURA DE LA LEGALIDAD COMO BASE DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
DR. JULIAN GERMAN MOLINA CARRILLO*
Al inicio de su gestión, en lo que el mismo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos llama “Su nueva etapa”, anuncio que buscaría dejar muy en claro que este Organismo esta para defender los derechos de las victimas del delito y los derechos de las victimas del abuso del poder.
Para lograr lo anterior, prometió que se mantendría un contacto muy cercano con los medios de la sociedad, con los organismos no gubernamentales y con toda aquella persona que desee colaborar para lograr este objetivo.
De igual forma el organismo considero que la protección de los derechos requiere crear conciencia en la sociedad e incidir en los servidores públicos, para que ante el actuar social y personal se anteponga el cumplimiento de la ley y el respeto de la dignidad humana.
En discurso para esta nueva dirección de la CNDH, es necesario impulsar una CULTURA DE LA LEGALIDAD, con una nueva generación de normas, en las que el respeto a la ley y a los Derechos Humanos sean la directriz de actuación en el servicio público y el cumplimiento de los deberes de las personas de convivencia entre autoridades y particulares.
El programa que en teoría resulta funcional, resultaría de vital importancia y se convertiría en la base de un futuro mejor en el cumplimiento y respeto a los derechos humanos de los mexicanos, si en realidad es observado y acatado principalmente por las autoridades, en virtud de que, promover la legalidad y el fortalecimiento de las instituciones, así como el Estado de Derecho, es un deber primordial de los gobiernos del continente y del mundo, sobre todo en México en las que se han registrado altas tasas de criminalidad y corrupción.
A través de la promoción de una cultura de la legalidad se inculcan en las sociedades valores necesarios para vivir en armonía y paz; además, se asegura que los órganos del Estado estén y actúen respetando la ley, la legalidad es un principio que todos, gobernantes y gobernados sin excepción, debemos acatar, como afirma Alain Turein en ¿Podemos vivir juntos?: “Desde la cotidianeidad, la seguridad ciudadana es indispensable para la convivencia humana”., y ésta sólo se logra con la legalidad, el Estado de derecho, la natural reconciliación y corresponsabilidad.
Unido a lo anterior, es importante resaltar, que mas que un programa de un organismo la legalidad es un factor importante y debe ser observado por todas las autoridades no como un plan de buenas intenciones a futuro, si no como su base de actuación, toda vez que es también un requisito para la democracia, como estipula el artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana, adoptada en Lima, Perú, en el año 2001: “…la democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional”.
Al mismo tiempo, la legalidad, la democracia y el Estado de derecho constituyen condiciones necesarias para lograr la vigencia y el respeto de los Derechos Humanos en una sociedad justa e inclusiva, es decir, crecientemente civilizada, ello incluye el ejercicio de los derechos de participación política, el respeto al principio de la legalidad, la autonomía e independencia del Poder Judicial y la tutela efectiva frente a los actos del poder publico.
Por otra parte, es importante mencionar que el programa “Cultura de la Legalidad” es un programa impulsado por la OEA a través de la CICAD, que busca fomentar el cambio de actitud y comportamiento en estudiantes de 13 a 15 años, se enfoca principalmente a orientar y formar a los estudiantes en el respeto a ley, la participación en la comunidad, la toma de decisiones saludables y el papel que juegan los individuos, los padres, las familias y la sociedad en la solución de los problemas que amenazan a la seguridad publica.
Bajo este orden de ideas, es evidente que la promoción de la cultura de la legalidad es fundamental para abatir las violaciones a Derechos Humanos, mediante el impulso de políticas públicas que generen mas que una conciencia en la sociedad, una verdadera conciencia en nuestros gobernantes, toda vez que si bien es cierto, es de vital importancia que miembros de la sociedad civil tengamos un verdadero conocimiento de nuestros derechos y obligaciones, mismo que en la actualidad si poseemos” , también lo es, que es mas importante para el respeto a los Derechos humanos es que nuestros gobernantes, es decir nuestras autoridades, tengan muy en claro los derechos que le asisten a los ciudadanos, en virtud de que las violaciones a estos, se dan cuando ellos vulneran los Derechos Humanos de un miembro de la sociedad y no es la sociedad la que vulnera entre los particulares los Derechos Humanos.
*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
* Profesor-Investigador del Doctorado en Derecho del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla.
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DR. JULIAN GERMAN MOLINA CARRILLO*
Al inicio de su gestión, en lo que el mismo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos llama “Su nueva etapa”, anuncio que buscaría dejar muy en claro que este Organismo esta para defender los derechos de las victimas del delito y los derechos de las victimas del abuso del poder.
Para lograr lo anterior, prometió que se mantendría un contacto muy cercano con los medios de la sociedad, con los organismos no gubernamentales y con toda aquella persona que desee colaborar para lograr este objetivo.
De igual forma el organismo considero que la protección de los derechos requiere crear conciencia en la sociedad e incidir en los servidores públicos, para que ante el actuar social y personal se anteponga el cumplimiento de la ley y el respeto de la dignidad humana.
En discurso para esta nueva dirección de la CNDH, es necesario impulsar una CULTURA DE LA LEGALIDAD, con una nueva generación de normas, en las que el respeto a la ley y a los Derechos Humanos sean la directriz de actuación en el servicio público y el cumplimiento de los deberes de las personas de convivencia entre autoridades y particulares.
El programa que en teoría resulta funcional, resultaría de vital importancia y se convertiría en la base de un futuro mejor en el cumplimiento y respeto a los derechos humanos de los mexicanos, si en realidad es observado y acatado principalmente por las autoridades, en virtud de que, promover la legalidad y el fortalecimiento de las instituciones, así como el Estado de Derecho, es un deber primordial de los gobiernos del continente y del mundo, sobre todo en México en las que se han registrado altas tasas de criminalidad y corrupción.
A través de la promoción de una cultura de la legalidad se inculcan en las sociedades valores necesarios para vivir en armonía y paz; además, se asegura que los órganos del Estado estén y actúen respetando la ley, la legalidad es un principio que todos, gobernantes y gobernados sin excepción, debemos acatar, como afirma Alain Turein en ¿Podemos vivir juntos?: “Desde la cotidianeidad, la seguridad ciudadana es indispensable para la convivencia humana”., y ésta sólo se logra con la legalidad, el Estado de derecho, la natural reconciliación y corresponsabilidad.
Unido a lo anterior, es importante resaltar, que mas que un programa de un organismo la legalidad es un factor importante y debe ser observado por todas las autoridades no como un plan de buenas intenciones a futuro, si no como su base de actuación, toda vez que es también un requisito para la democracia, como estipula el artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana, adoptada en Lima, Perú, en el año 2001: “…la democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional”.
Al mismo tiempo, la legalidad, la democracia y el Estado de derecho constituyen condiciones necesarias para lograr la vigencia y el respeto de los Derechos Humanos en una sociedad justa e inclusiva, es decir, crecientemente civilizada, ello incluye el ejercicio de los derechos de participación política, el respeto al principio de la legalidad, la autonomía e independencia del Poder Judicial y la tutela efectiva frente a los actos del poder publico.
Por otra parte, es importante mencionar que el programa “Cultura de la Legalidad” es un programa impulsado por la OEA a través de la CICAD, que busca fomentar el cambio de actitud y comportamiento en estudiantes de 13 a 15 años, se enfoca principalmente a orientar y formar a los estudiantes en el respeto a ley, la participación en la comunidad, la toma de decisiones saludables y el papel que juegan los individuos, los padres, las familias y la sociedad en la solución de los problemas que amenazan a la seguridad publica.
Bajo este orden de ideas, es evidente que la promoción de la cultura de la legalidad es fundamental para abatir las violaciones a Derechos Humanos, mediante el impulso de políticas públicas que generen mas que una conciencia en la sociedad, una verdadera conciencia en nuestros gobernantes, toda vez que si bien es cierto, es de vital importancia que miembros de la sociedad civil tengamos un verdadero conocimiento de nuestros derechos y obligaciones, mismo que en la actualidad si poseemos” , también lo es, que es mas importante para el respeto a los Derechos humanos es que nuestros gobernantes, es decir nuestras autoridades, tengan muy en claro los derechos que le asisten a los ciudadanos, en virtud de que las violaciones a estos, se dan cuando ellos vulneran los Derechos Humanos de un miembro de la sociedad y no es la sociedad la que vulnera entre los particulares los Derechos Humanos.
*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
* Profesor-Investigador del Doctorado en Derecho del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla.
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SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS
VIABILIDAD DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL QUE DOTARIA A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA FACULTAD DE INVESTIGACION (I)
DR. JULIÁN GERMÁN MOLINA CARRILLO*
El pasado 8 de abril, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, el proyecto contempla modificaciones a los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La reforma constitucional es un asunto pendiente y exigido no sólo por las Organizaciones de Derechos Humanos desde hace años, es un tema señalado reiteradamente por Organismos Internacionales (entre ellos la Organización de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano) como indispensable para cambiar la terrible realidad de los Derechos Humanos en el país, no debemos olvidar que 2009 fue un año de importante actividad legislativa en materias electoral y energética, y que el tema de Derechos Humanos quedó como un pendiente, a pesar de que, a fines de la anterior legislatura, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de reforma en la materia, en aquel momento nos dio la impresión que dicho proyecto (aprobado en abril de 2009) se había realizado sin un verdadero compromiso de los legisladores con los Derechos Humanos.
Ese texto, impulsado en 2009 por la Secretaría de Gobernación, proponía reformar los artículos 1, 11, 33, 89 y 102, y a pesar de contener aspectos positivos, resultaba deficiente no sólo por lo limitado de la propuesta, sino porque resultaba contradictorio en su contenido, esto fue notado por los senadores cuando recibieron el proyecto, y desde un principio señalaron que era deficiente y dijeron que tenía pocas probabilidades de ser aprobado en esa instancia, el texto no fue puesto a consideración del pleno de la cámara alta y los senadores trabajaron en una propuesta propia de reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, en la que participaron las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y la de Reforma del Estado.
La propuesta de reforma, aprobada ya en el Senado y que será próximamente discutida en la cámara baja, es más amplia que la aprobada por los diputados hace más de un año, pues aborda modificaciones y adiciones a los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105 de la Constitución, pero puede resultar más controversial al mismo tiempo, toda vez que en ella entre otras propuestas destacan que se reconocería el rango constitucional de los Derechos Humanos en la misma y en tratados internacionales, así como la obligación de respetarlos por parte de las autoridades de todos los poderes y niveles de cuestión, en la que nuestra Constitución resultaba insuficiente, al reconocer únicamente las garantías individuales (redacción aún sujeta a discusiones conceptuales), y otro aspecto que parece sencillo, pero que no es menor, es el último cambio fundamental que en materia de Derechos Humanos contiene esta propuesta, y el cual resulta la propuesta más controvertida, que consiste en la faculta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a realizar las investigaciones sobre hechos que constituyan violaciones graves a los Derechos Humanos, facultad antes reservada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que impide a cualquier dependencia negar información solicitada por la CNDH.
Sin embargo, la gran interrogante es si era necesario incluir este punto o si la CNDH ya tenía esas facultades, y lo mas importante, que tan positivo o viable resultaría dotarla de esta facultad, toda vez que al efecto tendría que atribuírsele el carácter de autoridad, por lo tanto es necesario analizar desde su estructura interna y la forma de elección del Ombusman, hasta los interés políticos que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos podrían existir, para con ello aseguran la eficacia, transparencia y trascendencia positiva de sus resoluciones, en el entendido de que una reforma, aunque sea de carácter constitucional, no basta por sí sola para acabar con las violaciones en el país: se requiere de análisis profundo de sus bases y consecuencias, así como de voluntad política para acatar el compromiso que esperamos que dichas reformas contengan.
*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
* Profesor-Investigador del Doctorado en Derecho del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla.
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DR. JULIÁN GERMÁN MOLINA CARRILLO*
El pasado 8 de abril, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, el proyecto contempla modificaciones a los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La reforma constitucional es un asunto pendiente y exigido no sólo por las Organizaciones de Derechos Humanos desde hace años, es un tema señalado reiteradamente por Organismos Internacionales (entre ellos la Organización de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano) como indispensable para cambiar la terrible realidad de los Derechos Humanos en el país, no debemos olvidar que 2009 fue un año de importante actividad legislativa en materias electoral y energética, y que el tema de Derechos Humanos quedó como un pendiente, a pesar de que, a fines de la anterior legislatura, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de reforma en la materia, en aquel momento nos dio la impresión que dicho proyecto (aprobado en abril de 2009) se había realizado sin un verdadero compromiso de los legisladores con los Derechos Humanos.
Ese texto, impulsado en 2009 por la Secretaría de Gobernación, proponía reformar los artículos 1, 11, 33, 89 y 102, y a pesar de contener aspectos positivos, resultaba deficiente no sólo por lo limitado de la propuesta, sino porque resultaba contradictorio en su contenido, esto fue notado por los senadores cuando recibieron el proyecto, y desde un principio señalaron que era deficiente y dijeron que tenía pocas probabilidades de ser aprobado en esa instancia, el texto no fue puesto a consideración del pleno de la cámara alta y los senadores trabajaron en una propuesta propia de reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, en la que participaron las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y la de Reforma del Estado.
La propuesta de reforma, aprobada ya en el Senado y que será próximamente discutida en la cámara baja, es más amplia que la aprobada por los diputados hace más de un año, pues aborda modificaciones y adiciones a los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105 de la Constitución, pero puede resultar más controversial al mismo tiempo, toda vez que en ella entre otras propuestas destacan que se reconocería el rango constitucional de los Derechos Humanos en la misma y en tratados internacionales, así como la obligación de respetarlos por parte de las autoridades de todos los poderes y niveles de cuestión, en la que nuestra Constitución resultaba insuficiente, al reconocer únicamente las garantías individuales (redacción aún sujeta a discusiones conceptuales), y otro aspecto que parece sencillo, pero que no es menor, es el último cambio fundamental que en materia de Derechos Humanos contiene esta propuesta, y el cual resulta la propuesta más controvertida, que consiste en la faculta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a realizar las investigaciones sobre hechos que constituyan violaciones graves a los Derechos Humanos, facultad antes reservada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que impide a cualquier dependencia negar información solicitada por la CNDH.
Sin embargo, la gran interrogante es si era necesario incluir este punto o si la CNDH ya tenía esas facultades, y lo mas importante, que tan positivo o viable resultaría dotarla de esta facultad, toda vez que al efecto tendría que atribuírsele el carácter de autoridad, por lo tanto es necesario analizar desde su estructura interna y la forma de elección del Ombusman, hasta los interés políticos que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos podrían existir, para con ello aseguran la eficacia, transparencia y trascendencia positiva de sus resoluciones, en el entendido de que una reforma, aunque sea de carácter constitucional, no basta por sí sola para acabar con las violaciones en el país: se requiere de análisis profundo de sus bases y consecuencias, así como de voluntad política para acatar el compromiso que esperamos que dichas reformas contengan.
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lunes, 21 de junio de 2010
SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS
IMPUNIDAD EN LA RESOLUCION DE LA CORTE SOBRE EL CASO
DE LA GUARDERIA ABC DE SONORA, HERMOSILLO.
DR. JULIÁN GERMÁN MOLINA CARRILLO*
La tragedia en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, reveló la peor de las pesadillas políticas del país, La Impunidad.
En un país, donde la población entera ha dejado de creer en la justicia y que ya no confían en ninguna autoridad, la decisión que tomara la Corte sobre el caso de la Guardería ABC de Sonora Hermosillo, que ha despertado tanto la sensibilidad social, podría haber sido un mensaje de esperanza, un recordatorio de que todavía tenemos Estado y que por encima de intereses políticos, el ciudadano va a ser respetado y sus derechos protegidos.
Sin embargo cuando hace apenas un par de semanas parecía que la justicia llegaría por fin, toda vez que en un anteproyecto de sentencia de la Corte se hablaba de fincar responsabilidades de este hecho, a Juan Molinar Horcasitas, antiguo encargado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Eduardo Bours, exgobernador de Sonora y a Daniel Karam actual director del IMSS, y con ello como acertadamente lo menciona el abogado Constitucionalista Miguel Carbonell, “ La Corte podría haberse constituido en este momento tan complicado que esta viviendo México en el único asidero de credibilidad y de lucha contra la impunidad”, nuevamente el elemento impunidad apareció y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron, luego de un profundo debate, que no compartían el proyecto del Ministro Arturo Zaldívar y de manera decepcionante emitieron su dictamen.
En efecto, con una votación de ocho a tres, el pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se negó a establecer responsabilidades de los funcionarios implicados en la tragedia del caso ABC, y tomando como precedente el caso Oaxaca, en el que también hubo graves violaciones a las garantías fundamentales, pero sin que se establecieran responsabilidades constitucionales, se decidió ubicar a funcionarios menores de los tres niveles, como las únicas autoridades involucradas en las violaciones registradas en la tragedia que costo la vida a 49 niños y dejo lesionados a 104 mas.
Bajo ese contexto, es evidente que las razones políticas, de amistad, o de cualquier otro interés, se impusieron a las jurídicas en la resolución que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la impunidad se sigue consolidando como una parte fundamental del sistema político mexicano por la vía de los hechos y parece que, más que ser un problema de este sistema, es uno de sus componentes básicos, por lo menos en la actuación de toda la clase política, salvo las honrosas excepciones, quienes nos lo demuestran día a día, y la manera de proceder de los que se suponen son los responsables de impartir la justicia, es francamente indefendible.
Se afirma lo anterior, toda vez que si bien es cierto el dictamen que se emitió no sea vinculante, eso no significa que no tuviera consecuencias, pues estas, de haber sido justo el dictamen, devolverían la credibilidad a un Estado que por sus fallidos gobernantes ha sido debilitado y con ello la seguridad a sus ciudadanos desprotegidos de sus Derechos mas fundamentales, en virtud de que sus consecuencias hubieran sido en el ámbito de la ética y de la legitimidad democrática, un dictamen el cual se fincara responsabilidad a los funcionarios que realmente la tienen, tendría un trascendental efecto de censura sobre la gravedad de las violaciones a los Derechos Fundamentales constatadas y lo mas importante hubiera sido un mensaje a todas las autoridades del país, para que sucesos de esta índole no volvieran a acontecer y La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reafirmaría su papel como el Tribunal con el que los millones de mexicanos desprotegidos contamos como contrapeso y barrera frente a los abusos del poder.
Sin embargo con el absurdo dictamen emitido por la Corte, nuevamente la sombra de la impunidad cubre el país y la demanda de justicia será saldada con chivos expiatorios.
Con base en lo anterior, lo más probable es que el caso de la Guardería ABC pase a engrosar la lista de la impunidad en México, como la masacre de Acteal en Chiapas, las explosiones en el sector Reforma el 22 de abril en Guadalajara, la represión del 28 de mayo también en la capital de Jalisco, la masacre del dos de octubre de 1968 en la ciudad de México, entre otros, y las violaciones a los Derechos humanos de los mexicanos continuara siendo la base de acción de nuestros gobernantes.
*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
* Profesor-Investigador del Doctorado en Derecho del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla.
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viernes, 16 de abril de 2010
COLUMNA: SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS
ESTADO O GOBIERNO FALLIDO POR EL DESCONTROLADO CRIMEN ORGANIZADO Y OTRAS FIGURAS DE PODER DE HECHO
DR. JULIAN GERMAN MOLINA CARRILLO*
En días recientes, el debate sobre el concepto de Estado fallido que se le ha aplicado a México desde meses anteriores, debido a las manifestaciones que los representantes Estadounidenses han vertido respecto a el, ha crecido y los foros de discusión han aumentado, encontrando en ellos una amplia gama de versiones desde las que defiende al Estado Mexicano hasta las que lo condena al rotundo fracaso.
Sin embargo, del contenido de estos argumentos también se desprende que existe una grave confusión entre el concepto de estado y gobierno, confusión que evidentemente es muy conveniente para las autoridades que plantean sus puntos de vista.
En efecto si hablamos del concepto de estado fallido como un todo, es evidente que algunas autoridades extranjeras, les resulta conveniente plantear este concepto global como una totalidad (territorio, población y gobierno), con el objeto de evidenciar una fragilidad en todos sus elementos, y si hablamos de las autoridades mexicanas de manera obvia utilizan el concepto de estado y no de gobierno fallido por no evidenciar sus escasos o nulos resultados solo como gobierno.
En ese orden de ideas, es importante definir el concepto de estado, y poder con ello concluir quien verdaderamente esta fallando, el estado en su totalidad o nuestros gobernantes. El Estado es una sociedad humana, asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde, sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad estatal para obtener el bien público de sus componentes.
Muchos autores aseguran que el poder y el gobierno son sinónimos, sin embargo nos damos cuenta que no es así, para muchos, el poder significa ser ley, ser total, y el gobierno no lo es así, el gobierno es regido por el pueblo y para el pueblo, pero tomaremos al poder como un elemento del Estado, por lo tanto el estado esta integrado por tres elementos que son: Territorio Francisco Pérez Porrúa lo considera como el elemento físico de primer orden para que surja y se conserve el Estado, pero agrega “La formación estatal misma supone un territorio, sin la existencia de éste no podrá haber Estado”, es el suelo dentro del que los gobernantes ejercen sus función, Población entendemos al compuesto social de los procesos de asociación en el emplazamiento cultural y superficial, o el factor básico de la sociedad, o una constante universal en el mundo que se caracteriza por las variables históricas. El principal valor del pueblo está en su universalidad. No habrá Estado si no existe el pueblo y viceversa, y Gobierno lo entendemos como la capacidad o autoridad de dominio, freno y control a los seres humanos, con objeto de limitar su libertad y reglamentar su actividad. Este poder puede ser por uso de la fuerza, la coerción, voluntaria, o por diversas causas, pero en toda relación social, el poder presupone la existencia de una subordinación de orden jerárquico de competencias o cooperación reglamentadas en toda sociedad, debe existir un poder, absolutamente necesario para alcanzar todos su fines propuestos.
En ese contexto, como lo afirma el jurista Diego Valades, México no es un estado fallido pero si lo dirige un gobierno fallido, toda vez que el Estado existe o no existe, y en caso de nuestro País México existe como un estado perfectamente bien integrado en sus tres elementos territorio, población y gobierno, dentro del cual su territorio es basto y prospero, su población es numéricamente suficiente y capaz para vivir y desarrollar su potencial en el territorio mexicano y su gobierno teóricamente se encuentra bien establecido, no obstante de sus evidentes influencias externas que lo colocan en graves problemas y fracasos.
En efecto, el estado mexicano existe y posee los elementos suficientes y necesarios para su desarrollo, sin embargo, el país vive una crisis institucional que pone en riesgo la continuidad de sus instituciones, en virtud de que su funcionamiento y resultados se ven amenazados por figuras tales como el crimen organizado, que ha llegado a colapsar gobiernos en algunas zonas del territorio nacional como lo son las fronterizas u otras figuras como son los intereses de los grupos políticos que inyectan al gobierno de sus intereses para gobernar, o de grupos de empresarios con la suficiente capacidad económica para ordenar a los gobernantes su actuar en pro de sus intereses.
Lo anterior, son factores que minimizan la capacidad de gobernar del país, toda vez que nuestras figuras de gobierno no actúan de manera libre y cumpliendo solo con los verdaderos motores que los ha creado e impulsado que es su población, sino que ahora gobiernan empapados de interés de grupos de poder externos del gobierno que ponen en un estado de peligro a la figura del gobierno, en virtud de que reducen su credibilidad ante la población, debido a que los beneficios que del gobierno se deben de obtener son mínimos para el pueblo y todos para los grupos de poder, situación que denotan el quebrantamiento de las bases que nutren al Estado, el respeto por la ley y la secularidad en las decisiones pero no denotan el fracaso total del Estado.
Por lo tanto México vive una crisis de gobierno, en el que existe un déficit de responsabilidad penal, toda vez que no se ejercen acciones para exigir la responsabilidad penal de los delincuentes, pero no solo tenemos déficit en ello, también la tenemos en la responsabilidad política, en virtud de que ningún político mexicano, ninguna autoridad o funcionario público es responsable ante nadie y por lo tanto nuestras autoridades no son responsables ante los ciudadanos, situación que debe de terminar y poner un mayor interés nuestras autoridades en la solución de esta crisis que conlleva a condiciones de vida carentes para los ciudadanos y con ello a una falta de credibilidad en nuestras figuras de gobierno, para evitar que México realmente se convierta en un Estado fallido.
*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
* Profesor-Investigador del Doctorado en Derecho del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla.
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DR. JULIAN GERMAN MOLINA CARRILLO*
En días recientes, el debate sobre el concepto de Estado fallido que se le ha aplicado a México desde meses anteriores, debido a las manifestaciones que los representantes Estadounidenses han vertido respecto a el, ha crecido y los foros de discusión han aumentado, encontrando en ellos una amplia gama de versiones desde las que defiende al Estado Mexicano hasta las que lo condena al rotundo fracaso.
Sin embargo, del contenido de estos argumentos también se desprende que existe una grave confusión entre el concepto de estado y gobierno, confusión que evidentemente es muy conveniente para las autoridades que plantean sus puntos de vista.
En efecto si hablamos del concepto de estado fallido como un todo, es evidente que algunas autoridades extranjeras, les resulta conveniente plantear este concepto global como una totalidad (territorio, población y gobierno), con el objeto de evidenciar una fragilidad en todos sus elementos, y si hablamos de las autoridades mexicanas de manera obvia utilizan el concepto de estado y no de gobierno fallido por no evidenciar sus escasos o nulos resultados solo como gobierno.
En ese orden de ideas, es importante definir el concepto de estado, y poder con ello concluir quien verdaderamente esta fallando, el estado en su totalidad o nuestros gobernantes. El Estado es una sociedad humana, asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde, sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad estatal para obtener el bien público de sus componentes.
Muchos autores aseguran que el poder y el gobierno son sinónimos, sin embargo nos damos cuenta que no es así, para muchos, el poder significa ser ley, ser total, y el gobierno no lo es así, el gobierno es regido por el pueblo y para el pueblo, pero tomaremos al poder como un elemento del Estado, por lo tanto el estado esta integrado por tres elementos que son: Territorio Francisco Pérez Porrúa lo considera como el elemento físico de primer orden para que surja y se conserve el Estado, pero agrega “La formación estatal misma supone un territorio, sin la existencia de éste no podrá haber Estado”, es el suelo dentro del que los gobernantes ejercen sus función, Población entendemos al compuesto social de los procesos de asociación en el emplazamiento cultural y superficial, o el factor básico de la sociedad, o una constante universal en el mundo que se caracteriza por las variables históricas. El principal valor del pueblo está en su universalidad. No habrá Estado si no existe el pueblo y viceversa, y Gobierno lo entendemos como la capacidad o autoridad de dominio, freno y control a los seres humanos, con objeto de limitar su libertad y reglamentar su actividad. Este poder puede ser por uso de la fuerza, la coerción, voluntaria, o por diversas causas, pero en toda relación social, el poder presupone la existencia de una subordinación de orden jerárquico de competencias o cooperación reglamentadas en toda sociedad, debe existir un poder, absolutamente necesario para alcanzar todos su fines propuestos.
En ese contexto, como lo afirma el jurista Diego Valades, México no es un estado fallido pero si lo dirige un gobierno fallido, toda vez que el Estado existe o no existe, y en caso de nuestro País México existe como un estado perfectamente bien integrado en sus tres elementos territorio, población y gobierno, dentro del cual su territorio es basto y prospero, su población es numéricamente suficiente y capaz para vivir y desarrollar su potencial en el territorio mexicano y su gobierno teóricamente se encuentra bien establecido, no obstante de sus evidentes influencias externas que lo colocan en graves problemas y fracasos.
En efecto, el estado mexicano existe y posee los elementos suficientes y necesarios para su desarrollo, sin embargo, el país vive una crisis institucional que pone en riesgo la continuidad de sus instituciones, en virtud de que su funcionamiento y resultados se ven amenazados por figuras tales como el crimen organizado, que ha llegado a colapsar gobiernos en algunas zonas del territorio nacional como lo son las fronterizas u otras figuras como son los intereses de los grupos políticos que inyectan al gobierno de sus intereses para gobernar, o de grupos de empresarios con la suficiente capacidad económica para ordenar a los gobernantes su actuar en pro de sus intereses.
Lo anterior, son factores que minimizan la capacidad de gobernar del país, toda vez que nuestras figuras de gobierno no actúan de manera libre y cumpliendo solo con los verdaderos motores que los ha creado e impulsado que es su población, sino que ahora gobiernan empapados de interés de grupos de poder externos del gobierno que ponen en un estado de peligro a la figura del gobierno, en virtud de que reducen su credibilidad ante la población, debido a que los beneficios que del gobierno se deben de obtener son mínimos para el pueblo y todos para los grupos de poder, situación que denotan el quebrantamiento de las bases que nutren al Estado, el respeto por la ley y la secularidad en las decisiones pero no denotan el fracaso total del Estado.
Por lo tanto México vive una crisis de gobierno, en el que existe un déficit de responsabilidad penal, toda vez que no se ejercen acciones para exigir la responsabilidad penal de los delincuentes, pero no solo tenemos déficit en ello, también la tenemos en la responsabilidad política, en virtud de que ningún político mexicano, ninguna autoridad o funcionario público es responsable ante nadie y por lo tanto nuestras autoridades no son responsables ante los ciudadanos, situación que debe de terminar y poner un mayor interés nuestras autoridades en la solución de esta crisis que conlleva a condiciones de vida carentes para los ciudadanos y con ello a una falta de credibilidad en nuestras figuras de gobierno, para evitar que México realmente se convierta en un Estado fallido.
*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
* Profesor-Investigador del Doctorado en Derecho del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla.
Sus comentarios son muy importantes, envíelos a la siguiente dirección: http://gmolinacarrillo.blogspot.com/
martes, 30 de marzo de 2010
SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS
21 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA DISCRIMINACION RACIAL
DR. JULIÁN GERMÁN MOLINA CARRILLO*
El 21 de marzo se conmemoro un nuevo aniversario del Día Internacional contra la Discriminación Racial, instituido por las Naciones Unidas en 1966, luego de que decenas de manifestantes que protestaban contra el apartheid, fueran masacrados por la policía de Sudáfrica, en el suburbio segregado de Sharpville.
Esta fecha recuerda la urgencia ético-política de erradicar todas las formas de discriminación basada en la condición social, la raza, la descendencia o el origen nacional, religioso o étnico que tengan como objetivo o efecto la exclusión, la marginalización o la dominación, que aún persisten en nuestros países.
Según el Informe 2009 de Amnistía Internacional, donde se documenta la situación de los Derechos Humanos en 157 países y territorios del mundo, la inseguridad y la discriminación estructurales impiden que los avances conseguidos en las leyes se hagan realidad plenamente.
En 2010, el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra en el contexto del Año Internacional de Acercamiento de las Culturas proclamado por las Naciones Unidas, cuyo objetivo del mismo es contribuir a que se disipen las amalgamas generadas por la ignorancia, los prejuicios y las exclusiones, que son fuente de tensiones, inseguridad, violencia y conflictos.
En ese orden de ideas, es importante mencionar lo aseverado por la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, quien manifestó que para lograr lo anterior, “Será menester que, promoviendo el diálogo y el conocimiento recíprocos, propiciemos el respeto por la cultura ajena y rompamos las barreras que separan a las diversas culturas, es decir el intercambio y el diálogo entre las culturas son los mejores instrumentos para construir la paz.”
No obstante lo anterior, es alarmante que en México la discriminación se ha acentuado en los últimos años y tiene repercusiones muy diversas de carácter social, psicológico, económico y político que atañen al desarrollo del país, sobre todo si hablamos que México es un país pluricultural y con graves problemas económicos que coloca a gran numero de sus ciudadanos en diferencias radicales tanto económicos, como culturales, sociales y étnicas, sin embargo pese a ello, en México no se cuenta con investigaciones profundas sobre el tema, ni con sanciones severas aplicables a quienes cometan actos discriminatorios.
En nuestro país la discriminación se ha visto más marcada entre los grupos indígenas, acción que tiene una fuerte repercusión en el sector económico, ya que al ser discriminados por ser indígenas se les otorgan salarios muy bajos o, peor aún, se les niega la oportunidad de tener un empleo, lo cual como ya se ha mencionado por diversos investigadores trasciende en la economía del país puesto que al no contar con esa oportunidad se dedican a la economía informal o caen en situaciones de delincuencia.
Desafortunadamente es tan grave la situación de la discriminación que dentro de los mismos grupos indígenas se excluye a las personas por ser mujeres, ancianos, etcétera, y desde ahí se inicia la degradación del ser humano, lo cual afecta también el ámbito sicológico, de manera que quienes conforman un grupo de raza distinta viven con la visión de que al ser parte de un sector racial diferente son incapaces de asumir las mismas tareas o contar con las mismas garantías que cualquier ciudadano, situación ante la cual el gobierno de nuestro país no realiza acciones realmente efectivas encaminadas a combatir este problema y colocar a sus habitantes que viven esta situación en el lugar digno que se merecen.
Bajo ese contexto, en la conmemoración de este Día Internacional, es necesario ser conscientes de que la lucha para eliminar el racismo dista mucho de haber terminado, y que la igualdad y los derechos humanos siguen en el plano de las buenas intenciones, no en el de las buenas prácticas.
*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
*Profesor-Investigador del Doctorado en Derecho del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla.
Sus comentarios son muy importantes, envíelos a la siguiente dirección: http://gmolinacarrillo.blogspot.com/
DR. JULIÁN GERMÁN MOLINA CARRILLO*
El 21 de marzo se conmemoro un nuevo aniversario del Día Internacional contra la Discriminación Racial, instituido por las Naciones Unidas en 1966, luego de que decenas de manifestantes que protestaban contra el apartheid, fueran masacrados por la policía de Sudáfrica, en el suburbio segregado de Sharpville.
Esta fecha recuerda la urgencia ético-política de erradicar todas las formas de discriminación basada en la condición social, la raza, la descendencia o el origen nacional, religioso o étnico que tengan como objetivo o efecto la exclusión, la marginalización o la dominación, que aún persisten en nuestros países.
Según el Informe 2009 de Amnistía Internacional, donde se documenta la situación de los Derechos Humanos en 157 países y territorios del mundo, la inseguridad y la discriminación estructurales impiden que los avances conseguidos en las leyes se hagan realidad plenamente.
En 2010, el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra en el contexto del Año Internacional de Acercamiento de las Culturas proclamado por las Naciones Unidas, cuyo objetivo del mismo es contribuir a que se disipen las amalgamas generadas por la ignorancia, los prejuicios y las exclusiones, que son fuente de tensiones, inseguridad, violencia y conflictos.
En ese orden de ideas, es importante mencionar lo aseverado por la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, quien manifestó que para lograr lo anterior, “Será menester que, promoviendo el diálogo y el conocimiento recíprocos, propiciemos el respeto por la cultura ajena y rompamos las barreras que separan a las diversas culturas, es decir el intercambio y el diálogo entre las culturas son los mejores instrumentos para construir la paz.”
No obstante lo anterior, es alarmante que en México la discriminación se ha acentuado en los últimos años y tiene repercusiones muy diversas de carácter social, psicológico, económico y político que atañen al desarrollo del país, sobre todo si hablamos que México es un país pluricultural y con graves problemas económicos que coloca a gran numero de sus ciudadanos en diferencias radicales tanto económicos, como culturales, sociales y étnicas, sin embargo pese a ello, en México no se cuenta con investigaciones profundas sobre el tema, ni con sanciones severas aplicables a quienes cometan actos discriminatorios.
En nuestro país la discriminación se ha visto más marcada entre los grupos indígenas, acción que tiene una fuerte repercusión en el sector económico, ya que al ser discriminados por ser indígenas se les otorgan salarios muy bajos o, peor aún, se les niega la oportunidad de tener un empleo, lo cual como ya se ha mencionado por diversos investigadores trasciende en la economía del país puesto que al no contar con esa oportunidad se dedican a la economía informal o caen en situaciones de delincuencia.
Desafortunadamente es tan grave la situación de la discriminación que dentro de los mismos grupos indígenas se excluye a las personas por ser mujeres, ancianos, etcétera, y desde ahí se inicia la degradación del ser humano, lo cual afecta también el ámbito sicológico, de manera que quienes conforman un grupo de raza distinta viven con la visión de que al ser parte de un sector racial diferente son incapaces de asumir las mismas tareas o contar con las mismas garantías que cualquier ciudadano, situación ante la cual el gobierno de nuestro país no realiza acciones realmente efectivas encaminadas a combatir este problema y colocar a sus habitantes que viven esta situación en el lugar digno que se merecen.
Bajo ese contexto, en la conmemoración de este Día Internacional, es necesario ser conscientes de que la lucha para eliminar el racismo dista mucho de haber terminado, y que la igualdad y los derechos humanos siguen en el plano de las buenas intenciones, no en el de las buenas prácticas.
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viernes, 5 de marzo de 2010
COLUMNA SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS
20 DE FEBRERO DIA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
DR. JULIÁN GERMÁN MOLINA CARRILLO.*
El pasado 20 de febrero se celebro, por primera vez, el "Día Internacional por la Justicia Social", promovido por la ONU y aprobado en su Resolución A/62/L.15 del 2007, en la que se fija la fecha 20 de febrero como un día especial en el que los Estados Miembros deben dedicar esta fecha a promover a nivel nacional, actividades concretas que se ajusten a los objetivos y las metas de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y el vigésimo cuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General.
La Asamblea General, reconoció que la atención del desarrollo y justicia social son necesarios para el logro y mantenimiento de la paz, así como de la seguridad mundial e invito a los 192 Estados miembros, en los cuales se encuentra México, a dedicar esta jornada especial a la promoción de actividades nacionales conforme con los objetivos y los fines de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada en Copenhague en marzo de 1995, donde los gobiernos expresaron la voluntad de considerar la erradicación de la pobreza, el objetivo del pleno empleo y el fomento de la integración social como las metas más importantes del desarrollo.
Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advirtió que tanto México como los gobiernos de todos los países de la región, quienes funda sus políticas en la reciente crisis financiera global, tienen no solo la necesidad si no la obligación de asegurar la justicia social y los derechos humanos en el diseño de políticas y programas para estimular el crecimiento económico.
En opinión del organismo de Naciones Unidas, la justicia social aboga por el derecho de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, mediante la remoción de los obstáculos que perpetúan la desigualdad.
Bajo este contexto es importante establecer que si la justicia social se sustenta en valores de equidad, igualdad, el respeto a la diversidad, el acceso a la protección social y aplicación de los derechos humanos en todas las esferas de la vida, las políticas de los actuales gobiernos, en particular hablando del gobierno de México, deben incluir el respeto y cumplimiento de los derechos humanos fundamentales como lo son alimentación, salud, vivienda educación y empleo bien remunerado, y no se deben limitar a ser políticas paternalista, que lo único que logran es el estancamiento del desarrollo económico, político y social de un país, toda vez que la entrega de pequeños apoyos económicos a la gente mas desprotegida que no cuenta con los medios necesarios para educación, alimentación, vivienda, salud y uno de los derechos humanos mas importantes para lograr la justicia social que es el trabajo bien remunerado, lo único que trae por resultados, es continuar con el escenario de la injusticia social donde la característica es la pobreza, el desempleo y la desigualdad social, como es el caso de muchos núcleos de población que aun tiene México en estas condiciones.
Por lo tanto, es responsabilidad de los Estados miembros entre ellos México, eliminar estos obstáculos mediante políticas públicas que creen las condiciones necesarias para que se desarrolle una sociedad igualitaria en términos económicos, sociales y culturales, y con ello lograr que la celebración del día mundial de la justicia social no solo se convierta en una fecha mas de calendario cuya esencia no se ha cumplido y solo sirva de un tema mas de discurso político, sino en realidad sea una celebración que se realice ejecutando por parte de nuestros gobernantes acciones reales y concretas encaminadas a lograr que toda la población mexicana sin distinción de situación económica, social y cultural goce de los derechos humanos que le corresponden y que hasta la fecha no podemos decir que lo hacen, y con ello contribuir a los esfuerzos de la comunidad internacional en el terreno de la erradicación de la pobreza, el fomento del pleno empleo y el trabajo digno, la igualdad de género y el acceso al bienestar social y la justicia para todos y realmente celebremos la existencia del día mundial de la justicia social.
*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
* Profesor-Investigador del Doctorado en Derecho del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla.
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