DR. JULIÁN GERMÁN MOLINA CARRILLO
No obstante que nuestro Derecho a la Seguridad Pública debe ser garantizado por el gobierno, siempre basado en el pleno respeto a nuestros Derechos Humanos, es realmente alarmante que en la practica la situación sea totalmente contraria, y se sigan cometiendo violaciones a los 
Derechos Humanos por miembro del ejército.
Y más alarmante es que estas violaciones se cometan bajo la bandera de la lucha para combatir y erradicar el crimen organizado, porque si bien es cierto esta lucha es necesaria también lo es que no terminara por arte de magia erradicando en su totalidad el crimen organizado, y por ende estas violaciones a Derechos Humanos continuaran si el gobierno mexicano sigue enarbolando esta bandera.
En efecto, en un nuevo informe presentado por Amnistia Internacional sobre violaciones a Derechos Humanos a manos del Ejército, el organismo resaltó, con base en el número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que estos ilícitos se triplicaron en sólo dos años, situación que se agudizó a partir de que el gobierno de Felipe Calderón incorporó a la milicia en actividades de combate a la delincuencia, lucha en la cual se cometen graves violaciones a Derechos Humanos, toda vez que estas son cometidas durante operaciones militares para combatir la delincuencia organizada y los cárteles de la droga en México.
De ahí que existe un preocupante patrón de crímenes cometidos por el ejército en sus operaciones de seguridad, abusos que tanto las autoridades civiles como las militares de México tratan de negar, ignorar o en el mejor de los casos minimizar.
Otro de los problemas que resalta Amnistía Internacional, es que de los pocos casos de abusos a manos del ejército en los que se ha adoptado alguna medida, son juzgados por tribunales militares prácticamente cerrados donde las víctimas y sus familiares no tienen acceso a la información ni una condición jurídica que les permita recurrir contra las actuaciones judiciales o las del tribunal, situación que genera falta de independencia e imparcialidad de los procuradores y tribunales militares lo que ha desembocado en reiteradas ocasiones en la denegación de justicia a las víctimas y la impunidad para los perpetradores, abusos que tal y como lo declara Kerrie Howard miembro de Amnistía Internacional, contribuyen al deterioro de la situación de la seguridad en México, al no adoptar medidas para prevenir y castigar las violaciones graves de Derechos Humanos.
En este orden de ideas, es evidente que México afronta una importante crisis de seguridad pública y el Gobierno tiene claramente responsabilidad de combatir la delincuencia organizada y los cárteles de la droga con todos los medios legales a su alcance, tarea difícil y peligrosa, pero no se debe usar de la gravedad de una crisis como pretexto para no ver cuando se cometen abusos, que trasciendan en graves violaciones a los Derechos Humanos de los ciudadanos, que ni las reformas constitucionales, ni el incremento a las quejas en materia de Derechos Humanos resolver, toda vez que el problema medular es el abuso de autoridad que estos servidores públicos cometen aun traspasando el marco de la ley.
Bajo este contexto, es fundamental que el gobierno y las autoridades militares reconozcan la magnitud y gravedad de las violaciones de Derechos Humanos perpetradas por el personal militar en el desempeño de operaciones de seguridad pública en los últimos años, y que actúen rápidamente para invertir esta tendencia y proteger su credibilidad, aceptando que las violaciones a los Derechos Humanos nunca pueden considerarse actos de servicio sujetos a los procedimientos de la disciplina militar, y de esta forma reconocer que la formación del personal militar no es suficiente por sí sola para evitar y poner fin a los abusos.
La transparencia y la rendición de cuentas son también fundamentales, y estos elementos sólo pueden garantizarse mediante investigaciones independientes e imparciales llevadas a cabo por el sistema de justicia civil y de acuerdo con las normas internacionales de Derechos Humanos sobre juicios justos, además de que el sistema judicial militar debe evitar abrir y llevar a cabo i
nvestigaciones sobre informes de violaciones de Derechos Humanos solo cuando así lo recomienda la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en lugar de efectuar una función suplementaria de vigilancia no judicial, porque al lograr lo anterior, los miembros del ejercito que pretendan cometer un abuso de sus funciones lo pensaran dos veces al saber que no están protegidos por sus propios superiores y su régimen es realmente estricto, publico e imparcial con ellos.
Por tal motivo, es urgente hacer un llamado a las autoridades mexicanas que reconozcan la gravedad y escala de las denuncias de abusos contra los Derechos Humanos cometidos por miembros del ejército, así como el grado de complicidad de las autoridades civiles en el encubrimiento de estos abusos, y que conviertan esta cuestión en una prioridad del Gobierno, para que adopte medidas de inmediato que garanticen investigaciones rápidas e imparciales a cargo de las autoridades civiles a fin de que los responsables comparezcan ante los tribunales civiles y las víctimas reciban una reparación, y con ello evitar que el delito se siga combatiendo con mas delito.
martes, 26 de octubre de 2010
SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS
INCREMENTO DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS POR MIEMBROS DEL EJERCITO
sábado, 16 de octubre de 2010
SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS
16 DE OCTUBRE DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION
DR. JULIÁN GERMÁN MOLINA CARRILLO*
El Día Mundial de la Alimentación 2010 se celebrará el 16 de octubre, bajo el tema "Unidos contra el hambre".
En 1979, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) decidió en su 20º Conferencia General que celebraría a partir de 1981 el Día Mundial de la Alimentación el 16 de octubre de forma anual, el mismo día en el que se fundó la organización en 1945.
Los objetivos del Día Mundial de la Alimentación son: fomentar la atención a la producción de alimentos agrícolas, impulsar la cooperación económica y técnica entre los países en desarrollo, subrayar la atención pública sobre el hambre en el mundo y promover la transferencia de tecnologías al mundo en desarrollo, entre otros.
Cada año, distintos gobiernos, organizaciones y asociaciones civiles e internacionales, incluida la FAO, llevan a cabo una serie de actividades para celebrar el Día Mundial de la Alimentación
, siendo este organismo desde su establecimiento, quien a nivel internacional a realizado un gran trabajo fructífero en la promoción del desarrollo de la agricultura nacional, como el cultivo de las tierras, la coordinación de programas de desarrollo alimentario y el entrenamiento de técnicos.
Sin embargo la lucha contra el hambre sigue siendo un trabajo enorme toda vez que un comunicado conjunto emitido por la FAO y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (WFP) estima que, para finales del 2010, el número de personas que sufrirán de hambre crónica a nivel mundial será de 925 millones, lo cual implica una reducción de 98 millones en comparación con los 1.023 millones del año pasado, sin embargo, esta cifra es aún "inaceptable".
Desafortunadamente en México la situación no es diferente, y el problema ya mayor, es más alarmante porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no reconoce de manera explícita el derecho a la alimentación, toda vez que el artículo 4 constitucional solo realiza una mención al respecto en el artículo cuarto constitucional, que señala: “Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación...”
Situación jurídica que a dos décadas del inicio de la lucha para que el derecho a la alimentación se eleve a rango constitucional, aun no es tomada en cuenta por el gobierno mexicano como prioridad en su agenda legislativa, no obstante de que el Derecho humano a la alimentación garantiza el cumplimiento de otros derechos humanos fundamentales.
Por tal motivo en este año para celebrar el día mundial de la alimentación cerca de un centenar de organizaciones sociales e igual número de ciudadanos apremiaron a los diputados a aprobar la minuta que el Senado les envió desde 2005 para reformar el artículo cuarto constitucional, enviando una carta denominada “Derecho constitucional a la alimentación: una decisión inaplazable”, sostienen que al menos 20 por ciento de la población padece hambre y desnutrición, más de la mitad de los mexicanos están en nivel de pobreza y el modelo agroalimentario y nutricional hegemónico ha impuesto una “epidemia de obesidad”.
En este orden de ideas, es importante hacer un llamado a nuestros gobernantes, para que en el 2010 dentro de las celebraciones del día mundial de la alimentación sea tomada en cuenta esta petición, toda vez que elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación es uno de los pendientes que en materia social tiene nuestro país y que debe atender con urgencia si México quiere transitar hacia un Estado democrático.
*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
*Profesor-Investigador del Doctorado en Derecho del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla.
Sus comentarios son muy importantes, envíelos a la siguiente dirección: http://gmolinacarrillo.blogspot.com/
DR. JULIÁN GERMÁN MOLINA CARRILLO*
El Día Mundial de la Alimentación 2010 se celebrará el 16 de octubre, bajo el tema "Unidos contra el hambre".
En 1979, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) decidió en su 20º Conferencia General que celebraría a partir de 1981 el Día Mundial de la Alimentación el 16 de octubre de forma anual, el mismo día en el que se fundó la organización en 1945.
Los objetivos del Día Mundial de la Alimentación son: fomentar la atención a la producción de alimentos agrícolas, impulsar la cooperación económica y técnica entre los países en desarrollo, subrayar la atención pública sobre el hambre en el mundo y promover la transferencia de tecnologías al mundo en desarrollo, entre otros.
Cada año, distintos gobiernos, organizaciones y asociaciones civiles e internacionales, incluida la FAO, llevan a cabo una serie de actividades para celebrar el Día Mundial de la Alimentación
, siendo este organismo desde su establecimiento, quien a nivel internacional a realizado un gran trabajo fructífero en la promoción del desarrollo de la agricultura nacional, como el cultivo de las tierras, la coordinación de programas de desarrollo alimentario y el entrenamiento de técnicos.Sin embargo la lucha contra el hambre sigue siendo un trabajo enorme toda vez que un comunicado conjunto emitido por la FAO y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (WFP) estima que, para finales del 2010, el número de personas que sufrirán de hambre crónica a nivel mundial será de 925 millones, lo cual implica una reducción de 98 millones en comparación con los 1.023 millones del año pasado, sin embargo, esta cifra es aún "inaceptable".
Desafortunadamente en México la situación no es diferente, y el problema ya mayor, es más alarmante porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no reconoce de manera explícita el derecho a la alimentación, toda vez que el artículo 4 constitucional solo realiza una mención al respecto en el artículo cuarto constitucional, que señala: “Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación...”
Situación jurídica que a dos décadas del inicio de la lucha para que el derecho a la alimentación se eleve a rango constitucional, aun no es tomada en cuenta por el gobierno mexicano como prioridad en su agenda legislativa, no obstante de que el Derecho humano a la alimentación garantiza el cumplimiento de otros derechos humanos fundamentales.
Por tal motivo en este año para celebrar el día mundial de la alimentación cerca de un centenar de organizaciones sociales e igual número de ciudadanos apremiaron a los diputados a aprobar la minuta que el Senado les envió desde 2005 para reformar el artículo cuarto constitucional, enviando una carta denominada “Derecho constitucional a la alimentación: una decisión inaplazable”, sostienen que al menos 20 por ciento de la población padece hambre y desnutrición, más de la mitad de los mexicanos están en nivel de pobreza y el modelo agroalimentario y nutricional hegemónico ha impuesto una “epidemia de obesidad”.
En este orden de ideas, es importante hacer un llamado a nuestros gobernantes, para que en el 2010 dentro de las celebraciones del día mundial de la alimentación sea tomada en cuenta esta petición, toda vez que elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación es uno de los pendientes que en materia social tiene nuestro país y que debe atender con urgencia si México quiere transitar hacia un Estado democrático.
*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
*Profesor-Investigador del Doctorado en Derecho del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla.
Sus comentarios son muy importantes, envíelos a la siguiente dirección: http://gmolinacarrillo.blogspot.com/
jueves, 7 de octubre de 2010
SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS ADOPCION HOMOPARENTAL EN MEXICO
DR. JULIÁN GERMÁN MOLINA CARRILLO*
En los últimos años los “grandes cambios producidos por nuevas necesidades o nuevas circunstancias sociales” hacen que las familias tengan que adaptarse a los nuevos tiempos.
Por tal motivo, finalizando la primera década del milenio, es evidente que la Familia como la máxima institución social, es permeada por factores de diversas índoles que establecen repercusiones significativas en toda su organización y en consecuencia en el marco jurídico vigente, así como en la sociedad, asumiendo novedosas tipologías y categorías de funcionamiento.
Así, con la disolución de los roles familiares tradicionales por la integración al campo de trabajo de hombres y mujeres, la aceptación abierta de las preferencias sexuales que en tiempos anteriores eran un tema sin posibilidades de dialogo, familias ensambladas o en sucesivas nupcias, turismo reproductivo, múltiples formas de procreación y las uniones de hecho o uniones libres, se abre la posibilidad de la creación de nuevas familias, y por lo tanto los núcleos familiares han cambiado y actualmente se pueden encontrar nuevas estructuras familiares, que cambian totalmente la concepción de familia que tiene la sociedad.
En este contexto, a partir del 21 de diciembre del 2009, en el Distrito Federal, se permite la adopción a parejas del mismo sexo, convirtiéndola en la primera ciudad de Latinoamérica en permitir la adopción homoparental.
En efecto, fue el Distrito Federal, el primero en el país en autorizar la adopción a homosexuales, lo cual ha provocado gran polémica dentro de algunos sectores específicos de la población heterosexual, quienes se han estado manifestando en contra de dicha determinación.
Sin embargo, abordar el tema de la adopción homoparental “no es tarea fácil e implica un análisis sumamente complejo de todas aquellas circunstancias socioculturales y jurídicas del momento actual”, antes de emitir una opinión, para que esta no resulte contradictoria o errónea de acuerdo a los derechos que le asisten tanto a las parejas del mismo sexo como a los menores sujetos a adopción, tanto a nivel nacional como internacional.
Quienes se oponen a la posibilidad de adopción que ahora tienen en el Distrito Federal las parejas del mismo sexo, argumentan que no es posible incluir a un menor de edad a un núcleo familiar que va a transformar sus preferencias sexuales en el futuro, que lo condenarían a un sinfín de perversiones, y que se debe evitar la discriminación a que serán sujetos los hijos de estas familias por parte del resto de la sociedad.
Sin embargo, estos solo son argumento de grupos determinados de personas, que como tal debemos respetar, toda vez que únicamente son eso opiniones, pero realmente lo que debemos asumir es una posición de análisis del marco jurídico vigente en el campo nacional e internacional, para que esta ley; como las que con posterioridad a ella se reformen o no en el resto del país; no vulneren el marco jurídico vigente, y con ello evitar que se de opiniones en contra sin fundamento.
Partiendo de lo anterior, lo primero que debemos asumir es que la adopción de padres y madres homosexuales tiene que ver con la expresión y legitimación ante la sociedad de que las uniones homosexuales, son tan validas como las heterosexuales, es decir reconocer en primer lugar la validez jurídica de los matrimonios entre personas del mismo sexo, y con ello el respeto a los derechos que de ellas se derivan, como es el caso en particular de la adopción.
Al reconocer lo anterior, sin duda alguna haremos una expresión de igualdad y respeto de sus Derechos humanos., pero por el simple hecho de hacerlo no significa que en automático se den las adopciones en estas parejas, pues en realidad lo realmente importante es aclarar que los candados o medidas de seguridad que las leyes de adopción establecen para las parejas heterosexuales serán las mismas para las parejas del mismo sexo, es decir no el hecho de estar reconocido su derecho significa que todas las parejas del mismo sexo reciban de manera automática a un niño en adopción cuando lo soliciten, sino que deberán ser sometidas al mismo proceso de selección e investigación que las leyes vigentes en la materia establecen para el resto de los matrimonios, y de cuya aplicación dentro del proceso de aceptación de una solicitud de adopción no todos resultan aptos para la adopción, es decir el reconocimiento de un derecho siempre lleva consigo la aceptación de una obligación.
En este contexto, es indudable que las pautas para aceptar o no la adopción homoparental deben surgir de investigaciones científicas de psicólogos, pedagogos, psiquiatras, pediatras y juristas, y las resoluciones que se tomen se deben centrar fundamentalmente en dos aspectos: determinar cuál es la finalidad última de la adopción atendiendo a los derechos tanto de las personas de preferencias sexuales distintas, como de los menores, y cuáles son los valores que la sociedad quiere salvaguardar a través de ella., basados en el análisis de las leyes nacionales e internacionales vigentes y aplicables al caso en particular en nuestro país, sin olvidar que si hemos sido capaces de aceptar los cambios dentro de las estructuras familiares podremos modificar nuestro pensamiento ante la adopción homoparental, aunque al principio se vea difícil de lograr por la resistencia a los cambios sociales.
*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
* Profesor-Investigador del Doctorado en Derecho del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla.
Sus comentarios son muy importantes, envíelos a la siguiente dirección: http://gmolinacarrillo.blogspot.com/
En los últimos años los “grandes cambios producidos por nuevas necesidades o nuevas circunstancias sociales” hacen que las familias tengan que adaptarse a los nuevos tiempos.
Por tal motivo, finalizando la primera década del milenio, es evidente que la Familia como la máxima institución social, es permeada por factores de diversas índoles que establecen repercusiones significativas en toda su organización y en consecuencia en el marco jurídico vigente, así como en la sociedad, asumiendo novedosas tipologías y categorías de funcionamiento.
Así, con la disolución de los roles familiares tradicionales por la integración al campo de trabajo de hombres y mujeres, la aceptación abierta de las preferencias sexuales que en tiempos anteriores eran un tema sin posibilidades de dialogo, familias ensambladas o en sucesivas nupcias, turismo reproductivo, múltiples formas de procreación y las uniones de hecho o uniones libres, se abre la posibilidad de la creación de nuevas familias, y por lo tanto los núcleos familiares han cambiado y actualmente se pueden encontrar nuevas estructuras familiares, que cambian totalmente la concepción de familia que tiene la sociedad.
En este contexto, a partir del 21 de diciembre del 2009, en el Distrito Federal, se permite la adopción a parejas del mismo sexo, convirtiéndola en la primera ciudad de Latinoamérica en permitir la adopción homoparental.
En efecto, fue el Distrito Federal, el primero en el país en autorizar la adopción a homosexuales, lo cual ha provocado gran polémica dentro de algunos sectores específicos de la población heterosexual, quienes se han estado manifestando en contra de dicha determinación.
Sin embargo, abordar el tema de la adopción homoparental “no es tarea fácil e implica un análisis sumamente complejo de todas aquellas circunstancias socioculturales y jurídicas del momento actual”, antes de emitir una opinión, para que esta no resulte contradictoria o errónea de acuerdo a los derechos que le asisten tanto a las parejas del mismo sexo como a los menores sujetos a adopción, tanto a nivel nacional como internacional.
Quienes se oponen a la posibilidad de adopción que ahora tienen en el Distrito Federal las parejas del mismo sexo, argumentan que no es posible incluir a un menor de edad a un núcleo familiar que va a transformar sus preferencias sexuales en el futuro, que lo condenarían a un sinfín de perversiones, y que se debe evitar la discriminación a que serán sujetos los hijos de estas familias por parte del resto de la sociedad.
Sin embargo, estos solo son argumento de grupos determinados de personas, que como tal debemos respetar, toda vez que únicamente son eso opiniones, pero realmente lo que debemos asumir es una posición de análisis del marco jurídico vigente en el campo nacional e internacional, para que esta ley; como las que con posterioridad a ella se reformen o no en el resto del país; no vulneren el marco jurídico vigente, y con ello evitar que se de opiniones en contra sin fundamento.
Partiendo de lo anterior, lo primero que debemos asumir es que la adopción de padres y madres homosexuales tiene que ver con la expresión y legitimación ante la sociedad de que las uniones homosexuales, son tan validas como las heterosexuales, es decir reconocer en primer lugar la validez jurídica de los matrimonios entre personas del mismo sexo, y con ello el respeto a los derechos que de ellas se derivan, como es el caso en particular de la adopción.
Al reconocer lo anterior, sin duda alguna haremos una expresión de igualdad y respeto de sus Derechos humanos., pero por el simple hecho de hacerlo no significa que en automático se den las adopciones en estas parejas, pues en realidad lo realmente importante es aclarar que los candados o medidas de seguridad que las leyes de adopción establecen para las parejas heterosexuales serán las mismas para las parejas del mismo sexo, es decir no el hecho de estar reconocido su derecho significa que todas las parejas del mismo sexo reciban de manera automática a un niño en adopción cuando lo soliciten, sino que deberán ser sometidas al mismo proceso de selección e investigación que las leyes vigentes en la materia establecen para el resto de los matrimonios, y de cuya aplicación dentro del proceso de aceptación de una solicitud de adopción no todos resultan aptos para la adopción, es decir el reconocimiento de un derecho siempre lleva consigo la aceptación de una obligación.
En este contexto, es indudable que las pautas para aceptar o no la adopción homoparental deben surgir de investigaciones científicas de psicólogos, pedagogos, psiquiatras, pediatras y juristas, y las resoluciones que se tomen se deben centrar fundamentalmente en dos aspectos: determinar cuál es la finalidad última de la adopción atendiendo a los derechos tanto de las personas de preferencias sexuales distintas, como de los menores, y cuáles son los valores que la sociedad quiere salvaguardar a través de ella., basados en el análisis de las leyes nacionales e internacionales vigentes y aplicables al caso en particular en nuestro país, sin olvidar que si hemos sido capaces de aceptar los cambios dentro de las estructuras familiares podremos modificar nuestro pensamiento ante la adopción homoparental, aunque al principio se vea difícil de lograr por la resistencia a los cambios sociales.
*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
* Profesor-Investigador del Doctorado en Derecho del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla.
Sus comentarios son muy importantes, envíelos a la siguiente dirección: http://gmolinacarrillo.blogspot.com/
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